Colonial mantiene acuerdos con distintas administraciones para aplazar varios años el pago de diferentes impuestos que a cierre de 2010 suman un importe total de 59,7 millones de euros, aportando como garantía inmuebles y fincas de la empresa.

Este importe es un 18% superior al saldo de 50,4 millones de euros que sumaban los pagos de impuestos aplazados por la inmobiliaria a cierre del ejercicio precedente.

El incremento de 2010 es fruto de la solicitud de demora que Colonial solicitó para los 14,8 millones de euros que le supuso a la inmobiliaria en concepto de Acto Jurídico Documentado (AJD) hipotecar toda su cartera de edificios en renta en España dentro del acuerdo de refinanciación de deuda que alcanzó en febrero de 2010.

Colonial ha pedido un plazo de cinco años para abonar este impuesto, el mismo periodo de carencia que logró gracias a este acuerdo de reestructuración de deuda.

El resto de peticiones de aplazamiento de impuestos se realizaron en 2008 y 2009 y afectan al Impuesto de Sociedades (32,1 millones) y al pago de IVA (13,2 millones). Se formularon también para cinco años y de igual forma se aportaron como garantía distintas fincas, según datos oficiales de la inmobiliaria que recoge Europa Press.

VISTAS JUDICIALES.

Por otro lado, Colonial y sus antiguos gestores están citados los próximos días 4 de abril y 31 de mayo a sendas vistas en los tribunales, dentro del proceso de demandas de acción social de responsabilidad que el actual equipo directivo de la inmobiliaria presentó el pasado año contra sus antecesores.

Colonial tiene presentadas desde abril de 2010 tres demandas de responsabilidad contra los antiguos gestores, el ex presidente y primer accionista de la inmobiliaria, Luis Portillo, y el ex consejero delegado Mariano Miguel.

La compañía las presentó después de que un conjunto de bancos internacionales se hicieran con el control de la inmobiliaria al ejecutar la deuda de Portillo y nombraran un nuevo consejo de administración que preside Juan José Bruguera y tiene a Pere Viñolas como consejero delegado.

En concreto, interpuso una demanda por los daños supuestamente causados a la empresa por una operación de canje de activos por acciones realizada en 2006. Una segunda, por los «daños causados a la compañía por la compra de Riofisa», y la tercera por los perjuicios derivados de operaciones de compra de acciones propias realizadas entre marzo y diciembre de 2007.

La vista correspondiente a este último proceso tuvo lugar el pasado 3 de marzo, mientras que las correspondientes a las otras dos demandas están previstas para el 3 de abril, en el caso del canje de activos por acciones, y para el 31 de mayo, para la compra de Riofisa.