Escribo estas líneas cuando faltan 78 horas para que se constituyan los nuevos ayuntamientos salidos de las urnas el 24 de mayo para contarles que el pleno del Congreso de los Diputados sigue con el toma y daca sobre la corrupción. Ese fenómeno ha marcado la legislatura. Por decirlo en términos físicos, ha sido la cloratita que, mezclada con el azufre de la crisis y el paro y con el fósforo de los recortes sociales, acabó estallando el 24M por la presión de las urnas. Una vez, hace muchos años, le preguntaron al escritor alemán Hans Magnus Enzensberger, de visita en nuestro país, como encontraba España, y contestó que “muy tranquila, como las bombas mientras no estallan”. En aquellos tiempos no existía el detonante ni la espita de las urnas.

Si se mezcla clorato, azufre y fósforo y se presiona con acumulación de fuerza, el resultado es la explosión, como bien saben los petardistas. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, atribuye la pérdida definitiva de las mayorías absolutas del PP en ayuntamientos y autonomías al machaque de los casos de corrupción por parte de los medios de comunicación. No ha podido concretar si los enemigos políticos son los corruptos o los medios informativos, pero ya han comenzado a tomar medidas como el secreto de las órdenes de detención que dicten los jueces contra los presuntos delincuentes, con el fin de que los periodistas no acompañen con sus cámaras y micrófonos de televisión a la policía a practicar los arrestos. La medida ha sido incluida mediante enmiendas del PP y CiU a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que esta semana aprueba el Congreso y que limita a 18 meses la instrucción judicial de los asuntos más complejos.

La ausencia de Rajoy, que fue a Bruselas para participar en la cumbre de la UE con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), dejó en manos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la aclaración de por qué el Consejo de Ministros nombró delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana al exsecretario general del PP, Serafín Castellano, cuando ya poseía información de que aceptaba regalos millonarios de un contratista. Al ser procesado judicialmente, lo ha tenido que cesar. Lógico. Las preguntas del portavoz socialista Antonio Hernando no tuvieron la respuesta autocrítica que se esperaba. Santamaría, que cumplía años (44) y fue felicitada por Rosa Díez, auténtico azote contra los abusos de poder (caso Bankia), volvió a recordar la presencia de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías en la bancada socialista y a apelar al refrán que más le gusta –“Consejos vendo que para mí no tengo”– para salir del paso.

Su compañero y ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, atribuyó la corrupción a la falta de medidas preventidas de los gobiernos socialistas. “Lo que estamos viviendo –dijo– es la eficacia de la lucha contra la corrupción; las instituciones funcionan y no se detienen ante nada ni ante nadie, sea cual sea el nombre que hay detrás. Con este Gobierno no hay impunidad”. Su respuesta al diputado socialista Herick Campos, que denunció el “contrato secreto” de 170 millones de euros del gobierno valenciano a favor de los organizadores de las carreras de coches Fórmula-1 y “la trituración masiva” de documentos en decenas de ayuntamientos estos días, obligaría a Rajoy a cambiar su discurso para no culpar a los medios informativos sino a sí mismo de la mengua electoral por limpiar la corrupción.

Más allá de la paradoja –decía José Bergamín que las paradojas son un paracaidas para no romperse la crisma–, el sábado se constituyen los ayuntamientos y cabe esperar que en el futuro los términos “regidor, alcalde, concejal” no sean sinónimos de “corrupto”. Y también es deseable que la “estabilidad”, ese bien que Rajoy confunde con el aquí mando yo y no hay nada más que hablar ni debatir ni votar, permita cambiar de alcalde y de mayoría gobernante al primer signo de utilización de los medios públicos en beneficio privado. Esa es la “estabilidad” real que con su voto han reclamado los ciudadanos.