Funcionarios y personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) están convocados el jueves 18 de junio a las votaciones para elegir a sus representantes sindicales. Las elecciones se celebrarán apenas un par de días después de que el Gobierno retome la negociación con los trabajadores públicos con la convocatoria de la Mesa de la Función Pública este martes, tras años de bloqueo.

En la Administración General del Estado (AGE) el personal laboral elegirá el próximo 18 de junio a 1.066 representantes sindicales en los comités de empresa; mientras los funcionarios 1.527 representantes en las Juntas de Personal, informa UGT.

Los sindicatos se han movilizado para lograr el voto de los funcionarios y el personal laboral convocados a los comicios. Así, en una carta dirigida a sus afiliados, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha acusado a otros sindicatos de ser “muy condescendientes” con las políticas de “recortes gubernamentales”.

CCOO concurre a estas elecciones con candidaturas en toda España y en todas las Administraciones, habiendo renovado de forma sustancial las listas electorales.

Por su parte, UGT reclama el voto de los empleados públicos y en el caso del personal laboral, promete trabajar por mejorar el salario de las plantillas, recuperar derechos y conseguir un nuevo convenio colectivo; mientras que, en el caso de los funcionarios, exige una mejora salarial, más facilidades para que las plantillas puedan desarrollar su carrera profesional, además de recuperar los derechos perdidos en estos años de crisis.

El Gobierno retoma la negociación

Paralelamente el Gobierno ha retomado este martes la negociación con los representantes de los funcionarios, con la convocatoria de la Mesa de la Función Pública. En esta mesa, los sindicatos reclamarán al Ejecutivo que aumente el número de plazas convocadas en la oferta de empleo público; otras peticiones se centran en que los funcionarios recuperen el poder adquisitivo y el resto de derechos laborales perdidos durante la crisis.

Según UGT, el volumen de empleo perdido asciende a unos 41.400 efectivos entre enero de 2012 y enero de 2014. Según señala este sindicato, la oferta de empleo público cayó a la mitad desde 2010 hasta 2014. En el primer año, el número total de plazas ascendió a 1.485, entre funcionarios (1.262) y laborales (223); mientras que en 2014, la oferta se limitó a 704 plazas entre funcionarios (627) y laborales (78). En este quinquenio, el peor año fue 2012 cuando se convocaron solo 127 plazas entre funcionarios (125) y personal laboral (2).

Por su parte CSIF cifra el déficit de personal en 50.000 personas lo que está motivando, dice, una privatización de servicios que se llevan a cabo desde el sector público. Por esta razón el sindicato pide al Gobierno que revierta el proceso privatizador iniciado en ámbitos como el Imserso, Defensa (Maestranzas Aéreas de Sevilla, Madrid y Albacete), Servicios de traducción del Estado, elaboración de vidas laborales, gestión de expedientes del Fogasa, y gestión de la tarjeta sanitaria, entre otros.

Para CSI-F, los temas prioritarios pasan por recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos y la devolución íntegra de la extra eliminada en 2012, y convocar una oferta de empleo público general que ponga fin a la tasa de reposición.