El Grupo Popular ‘tumbó’ hoy en el Congreso la posibilidad de que los trabajadores con salarios impagados, y cuyas empresas no se deciden a extinguir sus contratos, puedan instar a la autoridad administrativa que inicie un expediente de regulación de empleo (ERE) de tal modo que se resuelvan sus contratos y poder cobrar así la prestación por desempleo y la indemnización por despido por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

El Grupo Popular ha defendido su voto en contra de la proposición de ley presentada por CiU con el argumento de que la modificación supondría “un retroceso” al proceso que abrió la reforma laboral en 2012, según ha dicho la diputada ‘popular’ María Jesús Susinos. Todos los grupos, salvo la Izquierda Plural, anunciaron su voto favorable a la propuesta del grupo catalán.

El inicio del debate ha estado marcado por un enfrentamiento entre los representantes de CiU y de la Izquierda Plural. En primer lugar, el diputado de CiU, Carles Campuzano, ha defendido la propuesta de la coalición catalana y ha llamado la atención sobre la situación de los trabajadores que, tras la aprobación de la reforma laboral, no pueden acogerse a un expediente de regulación de empleo (ERE).

Campuzano ha defendido la necesidad de eliminar la autorización administrativa previa, tal y como hizo la reforma laboral que contó con el voto favorable de su grupo. Sin embargo, uno de los efectos indeseados de esta supresión fue cerrar la puerta a que los trabajadores puedan presentar un ERE, resolviendo así la relación laboral con sus empresas, cuando estas no abonan sus salarios, ni extinguen sus contratos; una situación que impide que los trabajadores puedan cobrar prestaciones por desempleo o indemnizaciones por despido.

Según Campuzano, la reforma ambicionada por CiU y el resto de la Cámara –salvo el PP e Izquierda Plural– es “muy simple” y puede ser abordada en las escasas semanas que restan de legislatura, a través de pequeñas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores y de la ley general de la Seguridad Social.

Tras su defensa, el diputado de CiU ha instado a los grupos políticos a continuar con las reformas del mercado de trabajo y ha hecho notar que los dos principales países de la Unión Europea (UE) gobernados por la izquierda están planteando medidas que inciden en la flexibilización del mercado de trabajo. Así mientras en Francia el Gobierno de Manuel Valls ha elaborado un informe sobre esta cuestión; en Italia, el Gobierno de Mateo Remzi ha aprobado ya una reforma del mercado laboral.

En su opinión, los retos pendientes del mercado laboral español son a su juicio la reforma de la estructura de la negociación colectiva – a fin de eliminar la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector– y una reforma profunda de las políticas activas de empleo.

Voto en contra de la Izquierda Plural

Por su parte, el representante de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, se ha mostrado “estupefacto” con la proposición del grupo catalán, y ha anunciado el voto en contra de su grupo debido a que su aprobación supondría la rebaja de las indemnizaciones por despido de los trabajadores en esa situación desde los actuales 33 o 45 días por año trabajado que prevé la legislación vigente, hasta los 20 días, con un tope de 12 mensualidades.

“Los trabajadores de este país no necesitan que vengan a salvarlos de sus políticas”, ha sentenciado.

Coscubiela ha cargado contra la reforma laboral del PP y ha acusado a CiU de ser “coautora” de una reglamentación, uno de cuyos efectos ha sido “desequilibrar” en favor del empresario las relaciones laborales, en detrimento de los trabajadores.

Campuzano: La izquierda no ha sabido resolver la dualidad

En su respuesta, Campuzano ha defendido el apoyo ofrecido por su grupo en 2012 a la reforma laboral, y ha lamentado que la izquierda tenga una idea “tan conservadora” en relación a la legislación laboral, al tiempo que ha acusado al ala izquierda de la Cámara de “no haber sabido resolver” el problema de la segmentación del mercado de trabajo, dividido en fijos y temporales, mucho menos protegidos estos últimos.

Por su parte, Coscubiela ha negado que la autorización administrativa previa fuera un lastre para la negociación entre trabajadores y empresarios.

Todos los grupos votan a favor

Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha anunciado el voto favorable de su grupo a la toma en consideración de la proposición de ley que permite a los trabajadores iniciar un ERE para la extinción de sus contratos cuando al empresario no dé comienzo al procedimiento, y se vean perjudicados por ello.

A continuación, el portavoz de UPyD, Rafael Calduch, ha defendido que la finalidad de los ERE es salvaguardar la continuidad de las empresas que atraviesan dificultades económicas, y se ha mostrado a favor de “restablecer” la autorización administrativa previa.

En su turno, Calduch ha pedido actuar contras las empresas que “abusan” de la figura del ERE, sobre todo “grandes empresas y multinacionales”, entre las cuales ha citado varios casos, como los de Panrico en Cataluña, la multinacional Bosal en Sagunto y el caso de Coca-Cola, que han presentado diversos ERE que han requerido la intervención de los jueces.

Por parte del Grupo Socialista, su portavoz María Teresa Rodríguez Barahona ha defendido el voto favorable de su grupo a la propuesta “necesaria” de CiU, si bien ha criticado lo “limitado” del alcance de la misma.

Rodríguez Barahoa ha recordado la situación de estos trababajadores en empresas con pérdidas, con impagos de salarios y de cuota a la Seguridad y donde los empresarios “no hacen nada”, eliminando la posibilidad de que los trabajadores resuelvan sus contratos y puedan cobrar la prestación por desempleo y la indemnización, “ aunque sea del Fogasa”.

La representante socialista ha señalado también que, con la legislación actual, los trabajadores en esa situación sí pueden pedir la incoación de un ERE, si bien tienen que instar para ello un proceso concursal, un proceso “complejo”, ha señalado.

El Grupo Socialista ha dado la “bienvenida” a la “rectificación” de CiU y ha recordado el apoyo de la formación catalana a la reforma laboral, cuyo balance en opinión de Rodríguez, es un “escenario de precariedad laboral generalizada, de eliminación de derechos y garantías de los trabajadores, de devaluación salarial generalizada”, sin que se haya posibilitado además un mejor funcionamiento del mercado de trabajo, ha dicho.

Supondría un retroceso, según el PP

Por último, la portavoz del Grupo Popular, María Jesús Susinos, ha negado que los trabajadores estén menos protegidos con la eliminación de la autorización administrativa previa que llevó a cabo la reforma laboral, a través de la modificación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Por este motivo, Susinos ha anunciado el voto en contra del Grupo Popular a la propuesta del grupo catalán, que supondría “un retroceso en el camino que llevamos andado”, ha dicho tras defender que la reforma laboral es “eficaz” y ha contribuido de manera “muy importante” a la recuperación de la economía española, ha dicho tras repasar algunas cifras relativas a la creación de empleo reciente.