La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que se podría considerar el cierre definitivo de entre 2.000 y 3.000 megavatios de ciclos combinados antes de 2017, dada la baja utilización de esta capacidad instalada que se traduce en pérdida de rentabilidad. Esta opinión se basa en las citadas circunstancias, pero también en el retraso de la normativa que permitiría el cierre temporal o hibernación de los activos, y que ha sido demandada por las empresas propietarias de los activos,

Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por la entidad que preside José María Marín Quemada y que se centra en la planificación de la red de transporte eléctrico 2015-2020. Entre los datos que aporta está el de las horas de funcionamiento de los ciclos combinados: menos de 1.000 horas al año, frente a las 4.000 horas de 2008. De momento sólo se ha concedido el cierre de una central de Iberdrola en Castellón.

Mientras, el Ministerio de Industria -poco partidario de los cierres definitivos- estima que podrían hibernarse del orden de los 6.000 megavatios, para que pudiesen entrar en funcionamiento cuando el aumento de la demanda lo requiriese. Si bien el organismo de la competencia advierte de que, en función de las previsiones de demanda del operador del sistema Red Eléctrica, no podrían cerrarse, aunque fuese de manera temporal, esa potencia sin afectar a los ratios de calidad de suministro.

Y apunta a que las centrales de carbón «poseen unos costes de generación más competitivos que las centrales de ciclo combinado», lo que permite, a juicio del regulador, «su funcionamiento sin necesidad de ningún mecanismo que incentive su programación».

También las previsiones sobre la evolución de la demanda son diferentes. La CNMC estima que aumentará una media anual del 1,7% entre 2015 y 2020, por debajo del 2,3% entre 2013 y 2020 del departamento que dirige José Manuel Soria. En el informe se muestra, asimismo, a favor del desarrollo del autoconsumo, que podría quedar penalizado si se aprueba el borrador elaborado por el ministerio.

En realidad el documento se centra en las inversiones en redes de transporte y su relación con la previsión de instalación de nueva potencia que, en el informe de Industria, se cifra en 6.500 megavatios adicionales de energías verdes.