Aumentar la recaudación y contener el gasto para cumplir con Bruselas

25/06/2015

diarioabierto.es. El Banco de España ha avisado de que el cumplimiento de la cifra de déficit pactada con Bruselas para 2015 (4,2% del PIB) requerirá una mejora de la recaudación en lo que queda de año y una ejecución presupuestaria "muy estricta" por parte de todas las administraciones.

En el boletín económico del mes de junio, el supervisor financiero explica que, teniendo en cuenta los datos disponibles hasta ahora, el cumplimiento del déficit necesitará que el aumento de los ingresos y la contención de los gastos sean superiores a lo observado en los primeros meses del ejercicio.

Además, el banco emisor asegura que será necesario que se materialice el ahorro estimado de las distintas reformas aprobadas, en particular de la relativa a la Administración Local.

Las últimas cifras publicadas se refieren al primer trimestre de este año y arrojan un déficit del 0,8% en el conjunto de la Administración Central, las comunidades autónomas y la Seguridad Social, una décima superior a la del mismo período de 2014.

El Banco de España repasa también la actualización del Programa de Estabilidad, que establece las principales líneas de la política presupuestaria para el período 2015-2018.

El programa presenta, además del objetivo de 2015, las cifras de déficit público de medio plazo, con un saldo del 2,8%, del 1,4% y del 0,3% del PIB en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. Según el supervisor, esta senda es «coherente» con el compromiso de salida de la situación de déficit excesivo.

Para 2015, el programa concentra el ajuste en el gasto público gracias a las medidas presupuestarias ya adoptadas, como la congelación de los salarios públicos, el mantenimiento de las restricciones a la tasa de reposición de efectivos, la caída de los pagos por intereses y del gasto en prestaciones por desempleo y la aplicación del factor de revalorización de las pensiones, entre otros.

Por el lado de los ingresos, prevé un mantenimiento de su peso sobre el PIB, en un contexto en el que la reforma del IRPF y Sociedades tendría un coste presupuestario de cerca de cuatro décimas del PIB, aunque la pérdida recaudatoria asociada se compensaría con incrementos impositivos de las comunidades y ayuntamientos, la aplicación de ciertas medidas administrativas y de lucha contra el fraude en la Seguridad Social y el aumento de los ingresos ligado a la recuperación.

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