El Consejo Económico y Social (CES) ha acusado hoy al Gobierno de “desaprovechar” la ocasión de regular los procesos de contratación pública. En opinión del principal órgano consultivo, los anteproyectos de ley de contratos públicos y de contratación en los sectores de energía, agua y otros sectores, no abordan “en profundidad” el problema de la corrupción, que el CES identifica con países faltos de madurez democrática.

El dictamen del CES se refiere al anteproyecto de ley sobre contratos del sector público, y al anteproyecto sobre contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Ambos textos legales se derivan de la trasposición de tres directivas comunitarias. Sus objetivos son evitar la corrupción, simplificar y abaratar los cauces de las licitaciones, y hacer valer los criterios sociales, laborales y medioambientales, como baremo a la hora de elegir a los prestadores de servicios. Pretenden además facilitar el uso de nuevas tecnologías en estos procedimientos de contratación pública.

Área “propensa” a la corrupción

El CES considera que la corrupción es un síntoma de la falta de madurez política y de la baja calidad democrática de un país, que socava además las reglas económicas, pues falsea la competencia, altera los mercados y encarece los bienes y servicios encargados por la Administración. Y alerta de la contratación pública es una de las áreas más “propensas” al fraude, en virtud del ingente volumen de recursos que moviliza, equivalente al 15,5% del PIB, con datos de 2011.

El órgano consultivo considera que la reforma no aborda a fondo el problema de la corrupción. En particular, echa en falta que el Gobierno concrete mucho más qué tipo de medidas hay que tomar en los órganos de contratación para evitar las prácticas corruptas. En caso contrario, la nueva ley puede quedar en una “mera declaración de intenciones”, alerta el CES.

Aunque el CES valora la “mejora” técnica en la redacción de ambos anteproyectos elaborados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, critica sin embargo que se mantienen “ciertas redacciones confusas” en lo relativo a algunas materias, y llega incluso a recomendar que se sustituya la redacción de los anteproyectos por la original de las directivas comunitarias.

Sin resolver el conflicto de intereses

En particular, el CES es partidario de precisar con más detalle a quién afecta el conflicto de intereses. La norma debería establecer de forma “expresa” en qué casos se prohíbe formar parte de uno de los órganos que otorgan los contratos. Y excluir de ellos, en suma, a los cargos políticos o empleados públicos que incurran en conflicto de intereses.

Pide además proteger a los empleados públicos contra las presiones del poder político, y otras garantías que les amparen cuando denuncian prácticas corruptas.

Además recomiendan sacar a la luz los informes y las deliberaciones de los órganos de contratación, sin dañar con ello los secretos comerciales de las empresas participantes en las licitaciones.

El CES, compuestos por representantes llegados de sindicatos, patronales, entre otros grupos, manifiesta su “desacuerdo” con que la ley incluya a estas organizaciones entre los entes sujetos a su control. “La naturaleza jurídica de estas organizaciones (patronal y sindicatos) no encaja en la naturaleza de los poderes adjudicadores que son parte del sector públicos”, protesta.

Criterios sociales y medioambientales

El CES critica además el escaso eco prestado a los criterios sociales, laborales y medioambientales en los textos legales. “La redacción final no ha sido acertada”, afirma, detectando “omisiones y deficiencias importantes”.

“La mejora de las condiciones medioambientales, sociales y laborales debe promoverse a través del sistema de contratación pública”, sentencia.

En el orden laboral, el dictamen hace otras consideraciones. Algunos convenios colectivos imponen al adjudicatario de contratos públicos la obligación de subrogarse como empleador. El CES cree que los pliegos de condiciones, en aras de la transparencia, debería advertir de tales exigencias.

Además, el CES considera “innecesario” que el anteproyecto sobre contratos en los sectores energéticos, del agua y otros, imponga un listado de empresas sujetas a su aplicación. Y propone su eliminación.