La producción y la demanda de acero en España siguen en los primeros meses de este año la línea de recuperación de 2014, si bien todavía se encuentran en los niveles de los últimos años de la década de los noventa. Esta fue una de las circunstancias actuales del sector señaladas por Gonzalo Urquijo, presidente de Unesid (organización de empresas siderúrgicas), durante la junta  de la entidad celebrada este jueves, 2 de julio, en Madrid.

Los datos del pasado ejercicio apuntan a un consumo aparente de aparente de acero de 10,5 millones de toneladas, con un aumento interanual del 5,9%, equivalente a la demanda de 1996. Para este año se espera un ligero incremento, apoyado en el repunte de la construcción y la industria del automóvil. Si bien, gran parte de esta mejora está acaparada por las exportaciones de China, país que se ha convertido en el primer productor, con una cuota cercana al 50% del total mundial.

Las críticas al funcionamiento del control de las ventas de productos siderúrgicos chinos en el exterior centró parte de la intervención de Urquijo, quien manifestó que la industria española no teme la competencia leal, pero sí está en contra de las prácticas de dumping y el apoyo del Gobierno de Pekín a sus empresas productoras de acero, que así inundan loe mercados occidentales. Las exportaciones españolas crecieron un 4% en millones de euros, y un 10,2% hacia los países de la UE.

En presencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que los precios de la electricidad siguen siendo un factor que resta competitividad a la industria, y añadió que es necesario evitar «deslocalizaciones silenciosas» de empresas españolas.

En este contexto, Soria anunció  la celebración de una nueva subasta de interrumpibilidad para «la segunda quincena de agosto o la primera de septiembre» (mecanismo que permite reducir los costes a grandes consumidores industriales) a cambio de modular su consumo en momentos de elevada demanda o saturación en el sistema eléctrico. No obstante,  la primera subasta, que se celebró a finales del año pasado, provocó críticas de varias empresas, especialmente de la productora de aluminio Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores y cierre de instalaciones.