La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha pedido recientemente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que recabe los datos necesarios de la aerolínea Air Comet para saber en qué punto se encuentra el proceso de expropiación iniciado por el Gobierno argentino, y así poder valorar si debe mantener sus provisiones frente a posibles reclamaciones económicas, informó la agencia Ep, pese a que el Tribunal de Cuentas español dictaminó que todo lo sucedido en esa compañía desde su venta a Iberia había costado a los contribuyentes españoles, vía Iberia y SEPI la mayor parte, un montante de más 3.000 millones de euros.

Esta operación económica que tiene su origen en la compra de Aerolíneas Argentinas por Iberia al principio de la década de los años noventa del pasado siglo ha supuesto pérdidas millonarias para el Estado español, pero podría acarrear todavía responsabilidades económicas para la SEPI que, por ello, mantiene desde 2007 unas provisiones de 16,1 millones de euros en su caja, por lo que pudiera pasar.

La reciente historia de esta compañía aérea hasta que el Gobierno de Argentina decidiese expropiarla en 2008 al desaparecido grupo turístico Marsans, controlado por Gonzalo Pascual, que ha fallecido y Gerardo Díaz, ex presidente de la CEOE, que está en prisión, es absolutamente truculenta, según han explicado todas las fuentes consultadas. Y se puede repasar perfectamente. Marsans compró Aerolíneas con cuantiosas ayudas de la SEPI, que se había hecho cargo de la sangría económica de este grupo aéreo argentino para evitar que sus gastos se llevaran por delante a Iberia, que fue la que siguiendo recomendaciones del Gobierno de Felipe González había comprado Aerolíneas al Ejecutivo argentino de Carlos Menen en los años noventa del pasado siglo, lo que estuvo a punto de enterrar a la entonces línea de bandera española.

Con razón o no, Pascual y Díaz siempre aseguraron que la culpa de la ruina de su grupo empresarial, que dejó a miles de trabajadores en la calle, empezó por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, y que desde eso todo se fue complicando y cayendo en cadena hasta la quiebra final de Marsans.

Otra cosa es lo que piensa el Gobierno argentino, que también tiene pleitos abiertos con Díaz Ferrán por este asunto desde que el pasado 1 de abril de este año 2015 el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, admitiese a trámite una querella de Aerolíneas Argentinas contra el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y su socio Antonio Mata, por haberse apropiado indebidamente de 453 millones de dólares -unos 418 millones de euros- en la compra de la compañía por parte de Air Comet.

Como se recordará, Argentina ha expropiado a más empresas españolas posteriormente, siendo la más sonada la de YPF a Repsol, aunque un posterior arreglo permitió a la petrolera española cobrar una cierta indemnización.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, habría que explicar que a los 3.100 millones de fondos públicos españoles que el Tribunal de Cuentas dijo que se habían enterrado, habría que sumarles otros 2.900 millones de euros que los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner llevan gastados desde la nacionalización, según informaciones de la prensa argentina, lo que elevaría la cifra a 6.000 millones de pérdidas desde que la empresa le fue vendida a Iberia.

Todo lo que rodea a Aerolíneas Argentinas ha sido uno de los capítulos más truculentos de la reciente historia económica española, aunque como aseguran las fuentes consultadas, habría mucho por investigar todavía si se tuviera voluntad de hacerlo.