La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha ordenado a Coca-cola Iberian Partners a que en el plazo de tres días reponga a los empleados en sus puestos de trabajo, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

Además, exige a la embotelladora a que en el mismo plazo precise antigüedad, categoría, salario y «demás condiciones con las que pretenda readmitir a los trabajadores», así como que individualice y cuantifique el importe de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha prevista para la reincorporación.

En un auto, la Sala acuerda esta medida a instancia de distintos sindicatos y una vez recibida la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 20 de abril, por la que se confirmó otra de la Audiencia Nacional, de junio del año pasado, en la que se declaró nulo el despido colectivo y ordenó al embotellador único de Coca-Cola que reincorporara a los trabajadores en sus puestos.

Los magistrados señalan que «en el presente procedimiento concurre la existencia de un título ejecutivo, una sentencia dictada en el procedimiento de despido colectivo que declaraba nula la decisión empresarial, en la que se condena a la readmisión de los trabajadores ratificada por la STS, siendo susceptible de ejecución individual en virtud de lo previsto» en la legislación.

La compañía inició en mayo la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado en enero de 2014. De esta forma, el Alto Tribunal ratificaba la sentencia de la Audiencia Nacional que ya declaró nulo hace un año el ERE, que afectaba a 1.190 trabajadores y suponía el cierre de cuatro plantas (Alicante, Asturias, Palma de Mallorca y Fuenlabrada).

En la actualidad, la compañía está inmersa en la apertura de la planta madrileña como centro de operaciones industriales y logísticas, que dará soporte a la red nacional de la compañía, y que supondrá la posibilidad de que 250 trabajadores puedan reincoporarse a sus puestos de trabajo.

Respecto a los empleados afectados por el cierre de otras fábricas que ya no existen, como las de Asturias, Palma de Mallorca y Alicante, la compañía estudia las posibilidades para su vuelta a los centros de trabajo de su misma ciudad que mantienen su actividad actualmente.