La Autoridad Bancaria Europea (EBA) llevará a cabo un «ejercicio de transparencia» publicando “datos detallados de los bancos de la UE” antes de que finalice el año, y realizará nuevas pruebas de resistencia (‘stress test’) en el primer trimestre de 2016, cuyos resultados se conocerán en el tercer trimestre del próximo año.

En el ejercicio de transparencia participarán 109 bancos europeos, de los que 14 son españoles (Abanca, BBVA, Banco de Crédito Social Cooperativo/Grupo Cooperativo Cajamar, Sabadell, Bankia, BMN, Popular, Santander, Bankinter, Ibercaja Banco, CaixaBank, Kutxabank y Unicaja Banco), sólo superados por los 20 de Alemania.

Estas entidades deberán dar información sobre la composición de su capital, su apalancamiento, tipo de activos dudosos, riesgo soberano y exposición de riesgo crediticio en diciembre de 2014 y junio de este año.

Las pruebas de resistencia del primer trimestre de 2016 tendrán en cuenta las experiencias de anteriores ejercicios y se alinearán al ciclo del proceso anual de supervisión y evaluación de cada entidad, para garantizar que la información de los resultados de los test de estrés se incorpora al proceso.

Requisitos de capital

La Comisión Europea inicia el 15 de julio una consulta pública para examinar si los «estrictos» requisitos de capital que se exigen a la banca europea son un obstáculo en la concesión de préstamos a pymes y particulares y también un freno a la inversión. Esta consulta finalizará en octubre. Los resultados se tendrán en cuenta en la elaboración de un informe que la Comisión Europea debe presentar en 2016.

El comisario de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión, Jonathan Hill, defiende en un comunicado las normas europeas sobre requisitos de capital, porque «han restablecido la resistencia y estabilidad» de la banca. Pero reconoce que «conviene preguntarse si las normas podrían tener consecuencias no deseadas».

El objetivo es lograr un «mejor equilibrio» entre la gestión de los riesgos y el fomento del crecimiento de la economía. Para ello, plantea a los bancos y a otros grupos en la consulta pública si los requisitos de capital son «proporcionados a los riesgos». También quiere saber la Comisión Europea qué incidencia están teniendo estas normas en los préstamos a pymes y a los proyectos de infraestructura, y si consideran las entidades que pueden «simplificarse o modularse».