En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes ha explicado que ahora este anteproyecto se va a remitir a los organismos preceptivos para que hagan sus informes para que haya una aprobación definitiva y se pueda remitir a la Asamblea de Madrid, que debe debatirlo y aprobarlo.

Este órgano consta de 44 personas y su coste anual es de 2,3 millones anuales para la Comunidad, y con esta medida se busca «racionalizar la propia estructura de la Comunidad y evitar las duplicidades».

Sus funciones serán asumidas por el Consejo de Estado, por lo que, ha asegurado, «se mantendrían,sin duda alguna, las garantías de independencia e imparcialidad».

Los letrados de este organismos pasarán a depender de la Abogacía General de la Comunidad y los funcionarios serán adscritos provisionalmente de la Consejería de Presidencia y Justciai y posteriormente, serán reubicados.