La Comisión Europea examina si España cumple la protección del consumidor, tal y como establece la Directiva 13/93/CEE de 5 de abril. El bufete Navas & Cusí, especializado en Derecho bancario y financiero y con oficina en Bruselas, denunció en mayo de 2013 al Gobierno ante la Comisión por entender que la legislación española no se ajustaba al derecho comunitario en materia de defensa del consumidor de productos financieros.

El despacho ha recibido una carta de la Comisión Europea en la que confirma que “ha llevado a cabo una evaluación global de la legislación española, en particular en lo que respecta a sus condiciones de ejecución, incluidos los procedimientos judiciales y el derecho de defensa”.

También confirma que ha iniciado un proceso de “diálogo estructurado” con España y que el Gobierno ha remitido sus alegaciones en junio. “La Comisión las estudiará detenidamente”, señala la misiva. “Que la Comisión Europea haya abierto diálogo estructurado es muy relevante porque sólo se abre si se aprecia posible infracción”, explica el socio-director del despacho, Juan Ignacio Navas.

La Comisión Europea recuerda en su carta que las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia de la UE en los casos Aziz y Sánchez Morcillo provocaron las reformas legislativas RDL 1/13 y RDL 11/2014, respectivamente.

“Lo lamentable es que el Gobierno parezca ir a remolque de las instituciones europeas, en lugar de dar un paso al frente decidido en defensa del consumidor de productos financieros”, subraya Navas.

La carta de la Comisión Europea también recuerda las sentencias de Luxemburgo C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13. Todas ellas resuelven si las disposiciones transitorias de la Ley 1/2013 son compatibles o no a la Directiva 13/93/CEE. “Es compatible siempre que no limite la facultad del órgano jurisdiccional español de evaluar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales ni le impidan eliminar las cláusulas abusivas del contrato”, aclara la misiva.

El Tribunal Europeo de Luxemburgo “da vía libre a los jueces españoles para que apliquen la legislación europea, que es mucho más protectora”, explica Navas.

Este experto defiende la necesidad de que el Gobierno “de un paso al frente” y armonice de manera efectiva la legislación española sobre protección al consumidor de productos financieros a la Directiva comunitaria. “Por seguridad jurídica sería recomendable que el Gobierno modificara la legislación española sin tener que esperar al reproche de Luxemburgo”, concluye el socio director del bufete Navas & Cusí.