Gowex ha presentado el miércoles 22 de julio al Juzgado de lo Mercantil de Madrid una solicitud de concurso voluntario de acreedores debido a su «situación de insolvencia» y ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, según explica en un comunicado remitido al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Esta solicitud llega más de un año después de que el expresidente de la compañía, Jenaro García, dimitiera tras reconocer que había maquillado las cuentas de la compañía y de la suspensión de cotización en el MAB. El escándalo de Gowex estalló tras un informe de la firma de análisis Gotham City Research que advertía sobre que el 90% de sus ventas no existían.

Gowex ya había presentado solicitud de procedimiento concursal en julio de 2014. Sin embargo, un mes después se dictó un auto de inadmisión del concurso y se archivó el procedimiento por un defecto de forma, al no firmar el actual administrador concursal, Javier Solsona, el apoderamiento argumentando que la solicitud no la realizó él, sino el anterior responsable de Gowex.

La firma especializada en WiFi, que ha continuado con su actividad durante estos meses y ha aplicado un plan de «viabilidad» con el fin de adaptarse a un modelo «realmente rentable» y volver a cotizar, ha indicado que para la ejecución de éste ha mantenido contacto con los inversores y acreedores, sin que hasta el momento se haya llegado a acuerdos con éstos.

Gowex culpa al expresidente de la compañía de la falta de acuerdo con acreedores porque Jenaro García se ha negado a «ceder» sus acciones a inversores que tuvieran la «voluntad de seguir» con el negocio. «Al no disponer de vía jurídica para que los inversores pudieran formar parte del capital, tampoco se ha podido cerrar negociación alguna con los bancos ni se le han podido ofertar quitas, dado que la compañía con sus propios medios tampoco podría afrontar la deuda remanente una vez aceptadas dichas quitas», explican en la empresa.

Por esta razón, y debido a los embargos llevados a cabo por la Agencia Tributaria por las subvenciones que había recibido Gowex, la empresa se encuentra en una «situación de insolvencia» y no puede cumplir regularmente las obligaciones que «le son exigibles». «Por tanto, se ha considerado que la mejor opción para la continuidad de la compañía y su grupo es la solicitud del concurso de acreedores», insisten en la empresa.

En el documento, firmado por Solsona, que fue consejero del antiguo equipo gestor de Gowex, se explica que en el último año la firma ha llevado a cabo una reestructuración de la plantilla y, que hasta la fecha, se han atendido todos los pagos correspondientes a nóminas, Seguridad Social e IRPF.

Gowex ha subrayado que el plan de viabilidad puesto en marcha le ha permitido la captación de nuevos clientes y la recuperación de algunos antiguos. «Se ha ido reconstruyendo la contabilidad real, lo que ha permitido verificar la situación patrimonial de la compañía y de su grupo», resalta.

Respuesta de Jenaro García

El expresidente de Gowex, Jenaro García, ha manifestado a través de un comunicado remitido por su abogado que es «total y absolutamente falso» que la causa de que la actual dirección de la compañía «no haya podido llegar a acuerdos con posibles inversores y, por ende, de la situación de insolvencia», sea su «supuesta negativa» a ceder sus acciones.

García depositó la totalidad de sus acciones de la compañía en la Audiencia Nacional el pasado 25 de julio de 2014 para la indemnización de los perjudicados y la reparación del posible daño causado. El Juzgado consideró depositadas las acciones y dio traslado al Ministerio Fiscal, tras lo cual se estableció la prohibición a García de disponer de ellas.

Por tanto, si el expresidente de Gowex «hubiese cedido sus acciones a desconocidos inversores, habría cometido un delito de alzamiento de bienes y, sobre todo, habría perjudicado la reparación del daño causado a los accionistas» de la compañía, indica el comunicado, según el cual la reparación del daño es «el principal objetivo» de García.

Además, la defensa señala que García «no tiene ningún inconveniente en transmitir sus acciones a un tercero, pero con dos condiciones ineludibles», que son que la transmisión cuente con la aprobación de la autoridad judicial y que garantice la reparación del daño causado a los perjudicados, a cuya indemnización debe destinarse el precio de estas acciones, y la viabilidad de la empresa.