El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha remitido este lunes a empresarios y sindicatos el proyecto de real decreto legislativo que actualizará la ley general de Seguridad Social (LGSS). El texto legal incluye regulación sobre asuntos diversos, como el trabajo autónomo, el factor de sostenibilidad sobre cuya base se calculan las pensiones, así como el propio funcionamiento de la Seguridad Social.

El real decreto legislativo recogerá todas las novedades aprobadas en los últimos años en relación con la Seguridad Social, informa el Ministerio de Empleo. Además pretende “actualizar las referencias obsoletas de la Ley General, aprobada en 1994”, afirman.

De este modo, el nuevo texto regularizará y armonizará las disposiciones legales, convirtiéndose en la norma legal de referencia en este ámbito, añaden.

Las disposiciones relativas al trabajo autónomo, la ley que regula el factor de sostenibilidad de las pensiones — la fórmula que actualiza la cuantía de estas prestaciones en función de la esperanza de vida–, y otros asuntos referentes al propio ordenamiento de la Seguridad Social con algunas de las normativas más importantes incluidas en el nuevo texto legal.

Tras recibir el texto, los agentes sociales elaborarán sus recomendaciones sobre el real decreto legislativo al término del mes de agosto. Por su parte, el Ministerio de Empleo valorará sus aportaciones y estudiará la posible inclusión de esas recomendaciones en el nuevo texto legislativo.

Comisión CORA

El proyecto que hoy reciben los agentes sociales, para su valoración durante el mes de agosto, se enmarca en las recomendaciones recogidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

La CORA solicitó a los distintos ministerios una relación de leyes de cada área con el fin de impulsar cuanto antes la elaboración de textos refundidos sobre las citadas materias en el ámbito de la Administración General del Estado. El objetivo: evitar duplicidades innecesarias e inseguridad jurídica.

Tras su remisión a los agentes sociales y económicos y antes de comenzar su tramitación, el texto recabará el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) y el del Consejo de Estado.