En el análisis del informe sobre la economía española del Artículo IV del FMI, los directores ejecutivos elogian a las autoridades españolas por la adopción de «políticas sólidas» y por las reformas llevadas a cabo, en particular las del mercado laboral y la moderación salarial, que han impulsado la creación de empleo y la competitividad, y la del sector financiero.

En su opinión, unas condiciones financieras más favorables, gracias a la «sólida» aplicación de políticas económicas y a unas condiciones externas favorables, han mejorado «la confianza y respaldado el notable repunte registrado en España desde la crisis».

El Fondo mantiene que el Producto Interior Bruto (PIB) de España aumentará un 3,1% en 2015 y un 2,5% en 2015, cifras que se sitúan «significativamente por encima del promedio de la zona euro».

Sin embargo, advierte de que problemas estructurales como unas tasas de desempleo aún «elevadas», una persistente dualidad del mercado laboral, una baja productividad y unos niveles todavía considerables de deuda pública y privada continúan planteando «desafíos» para el futuro de la economía española y limitan el potencial de crecimiento futuro.

Asimismo, añaden que otro riesgo «clave» para la economía española sería la «reversión de las reformas ya implementadas», lo que generaría incertidumbre y podría frenar la recuperación, «sobre todo si el entorno exterior se deteriora drásticamente».

En este contexto, subrayan que para respaldar el ritmo de crecimiento a medio plazo es necesario seguir avanzando en la consolidación fiscal y en la sólida implementación de reformas para abordar las rigideces estructurales que aún persisten, así como contar con una condiciones de demanda favorables en toda la zona euro.

En este sentido, advierten de que la volatilidad financiera y la incertidumbre en la región justifican mantener la vigilancia, aunque admiten que la mayor capacidad de resistencia de España, junto con las medidas de política adoptadas a nivel de la zona del euro, ha reducido los riesgos de contagio.

Respecto a Grecia, destaca que pese al acuerdo sobre el tercer rescate, no se pueden descartar «nuevos episodios de significativa incertidumbre y volatilidad», cuyo impacto España puede mitigar con un «claro compromiso» para continuar con las reformas estructurales y colocar la deuda en una senda descendente, lo que ayudaría a afianzar la confianza.

Mercado laboral

En concreto, el FMI considera «conveniente» seguir mejorando el mercado laboral y las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) crezcan, con el objetivo de generar empleo y promover un crecimiento «más elevado e inclusivo».

En el caso del mercado laboral, recomiendan alinear los salarios con la productividad, la competitividad externa y las condiciones económicas a nivel de las empresas; reducir la dualidad del mercado laboral y mejorar la formación de los parados de larga duración.

En su opinión, esto promovería una crecimiento «rico en empleo» y aumentaría los recursos a sectores más productivos y orientados a las exportaciones». «Existe todavía significativo margen para mejorar el comportamiento del mercado laboral», incide.

El Fondo sugiere varias medidas como la creación de un contrato único con costes de despido basado en la antigüedad en sectores sin alta rotación estacional para intentar reducir la brecha entre las indemnizaciones por despedido que existe entre trabajadores permanente y temporales, que sigue siendo «muy grande».

Asimismo, cree que podría estudiarse financiar los costes de despidos con la creación de un fondo en el que la empresa podría hacer aportaciones regulares y aboga por eliminar las incertidumbres legales y administrativas que existen en torno al despedido colectivo.

Los directores ejecutivos creen que las reformas llevadas a cabo no han dado los frutos deseados y ven necesarias mejoras, aunque agregan que dado su «significativo alcance», es necesario dar más tiempo a los agentes sociales para que se adapten.

Respecto a las pymes, ve necesario reducir los obstáculos para que puedan desbloquear su productividad, lo que pasa por implementar la Ley de Mercado Único y una mayor apertura de los servicios profesionales. Además, también sería positivo una revisión de la regulación relacionada con el tamaño de las empresas para fomentar su internacionalización y desarrollar su acceso a financiación.

Consolidación fiscal

Por otro, el informe insiste en la necesidad de seguir con una consolidación fiscal «creíble, coordinada y favorable al crecimiento» y hace hincapié en la importancia de encauzar «firmemente» el coeficiente de deuda pública respecto al PIB hacia una trayectoria descendente.

En este sentido, apunta que los esfuerzos de consolidación se han reducido y ve necesario un ajuste estructural de alrededor de medio punto porcentual del PIB al año para garantizar el descenso de la deuda. Por ello, insta al Gobierno a aprovechar cualquier beneficio extraordinario que surja de un aumento del crecimiento o de una reducción de los costes de endeudamiento.

El Fondo reclama a España medidas presupuestarias «ambiciosas y bien especificadas», protegiendo al mismo tiempo a los grupos más vulnerables de la sociedad. Además, agrega que la mejora del marco fiscal regional y la coordinación estrecha entre todos los niveles de gobierno también son esenciales para avanzar en estas iniciativas de consolidación.

Copago

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a España a mantener sus esfuerzos de consolidación fiscal para alcanzar sus objetivos de déficits y, en concfreto, ha abogado por permitir el copago sanitario en sanidad y educación, salvo para los grupos más vulnerables, así como por reducir los tipos de IVA preferenciales.

En el informe sobre la economía española correspondiente al Artículo IV, el FMI asegura que existe margen a nivel regional para ahorros fiscales y eficiencias adicionales, como por ejemplo reduciendo los costes de prestar los servicios públicos de educación y sanidad.

En concreto, propone incrementar los poderes regulatorios de las comunidades autónomas para establecer copagos en estos servicios, aunque incide en que para mantener el acceso a ellos de forma asequible, deben «reducirse o eliminarse» para los grupos más vulnerables o para servicios sanitarios específicos, como prevención, enfermedades crónicas o inmunización.

Asimismo, el Fondo aboga por elevar los impuestos especiales y medioambientales y eliminar de forma gradual el trato preferencial en el IVA, con el objetivo de situar los esfuerzos recaudatorios de España en línea con los del resto de países europeos.

En este sentido, defiende que medidas de estas características apoyan un consolidación fiscal favorable al crecimiento, ya que completaría el cambio en la política fiscal de España desde impuestos directos a indirectos iniciado con la reciente reforma.