El Gobierno pisa el acelerador en su política de apoyos al empleo temporal. En 2016, el ministerio de Empleo prevé elevar un 9% el gasto en bonificaciones. Aunque se justifica esa partida bajo la idea de que fomentan el empleo fijo, lo cierto es que apenas un 20% de esas bonificaciones van a parar a contrataciones indefinidas. El 80% restante bonifican contratos temporales.

Empleo prevé gastar en 2016 un total de 1.635 millones de euros en bonificaciones a la contratación. Estas ayudas suponen un ahorro en la factura a la Seguridad Social que deben pagar empresarios y trabajadores. A cambio el Estado compensa a la Seguridad Social por la pérdida de ingresos. Es decir, se financia con impuestos el dinero que las empresas pagan de menos.

El Gobierno justifica el uso de bonificaciones con el argumento de que sirven para apoyar la “estabilidad” en el empleo, según ha afirmado esta semana en el Congreso el máximo responsable de la política de Empleo, tras la ministra Báñez, Juan Pablo Riesgo. Sin embargo, según el Consejo Económico y Social (CES) –el máximo órgano consultivo en España –, un 80% de las bonificaciones se usan en contratos temporales, y solo un 20% van a parar a contrataciones temporales, según afirma el ente en su memoria correspondiente al año 2014.

Las bonificaciones con una de las dos grandes patas sobre las que descansa la política de incentivos al empleo. En este caso, el Estado compensa a la Seguridad Social por la pérdida de las cuotas bonificadas. Sin embargo, en el caso de las reducciones, el otro gran incentivo, nadie compensa la pérdida de ingresos al ente pagador de las pensiones.

Entre ambos capítulos, el Gobierno ha presupuestado en incentivos para el año que viene un total de 3.735 millones de euros. De ellos, una partida de 1.635 millones corresponde a bonificaciones. Los 2.100 millones restantes son reducciones.

Eficacia dudosa

Sin embargo, a pesar de la ingente cantidad de recursos dedicada, los expertos desconfían de la bondad de esta política de incentivos. En general, vienen a decir, estos incentivos solo son eficaces restringidos a un grupo muy delimitado; por ejemplo, los discapacitados. En caso contrario, se limitan a abaratar las contrataciones que se hubieran producido igualmente en ausencia de incentivos. Ningún empresario aumenta su plantilla por estos incentivos sino por sus expectativas de producción, concluyen.

En cambio, el abanico de incentivos al empleo en España es amplio y disperso. En su página web, el ministerio ofrece un cuadro sintético que recoge los diferentes tipos de bonificaciones y reducciones; solo en el régimen general, la lista de incentivos llena 15 folios.

Una dispersión que ha llevado a los expertos a recomendar su reordenamiento inmediato. Entre estos expertos, el CES advirtió en su última memoria de la necesidad de reconfigurar la política de incentivos. En el caso de las bonificaciones, la mayor parte de las ayudas –un 80% – se destinan a contratos temporales, concluyó.

En la misma línea, UGT avisa de que “el aumento de incentivos a la contratación está subvencionando la precariedad, puesto que, ya en la actualidad, el 80% de los incentivos han sido destinados a la contratación temporal, y solo un 20% a la indefinida”.

Agujero en el sistema de pensiones

La política de incentivos del Gobierno es uno de los factores que está erosionando las cuentas de la Seguridad Social, el ente gestor del sistema público de pensiones. Aunque hay otros factores – como los salarios menguantes y el gasto creciente en pensiones –, el adelgazamiento de ingresos por cotizaciones no ayuda a sanear unas cuentas cuyo déficit se prevé en un 0,3% del PIB en 2016.

Para enjugar este déficit, el Gobierno prevé extraer 6.283 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como ‘hucha de las pensiones’. En la actualidad, el fondo acumula unas reservas en torno a los 40.000 millones de euros, después de que el Gobierno de Rajoy haya extraído desde 2012, un total de 43.000 millones de euros, incluyendo lo dispuesto de otro fondo, el de las Mutuas.

Por esto motivo, Gobierno y oposición coinciden en la necesidad de abrir el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Cada día cobra más fuerza la posibilidad de que pensiones como las de viudedad y orfandad, que suponen un gasto en torno a los 23.000 millones de euros, dejen de ser contributivas y pasen a financiarse con impuestos, y no con cotizaciones.

De hecho el Gobierno ha incluido una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, instando al Pacto de Toledo –la comisión parlamentaria sobre pensiones – a abordar este debate.

Qué hacer con viudedad

En conjunto, el gasto en pensiones de viudedad y orfandad ronda los 23.000, un gasto muy importante si se tiene en cuenta que el gasto total en pensiones contributivas roza los 118.450 millones; y que, de ellas, el gasto en pensiones de jubilación, las más gravosas, asciende a 83.560 millones, según los PGE.

El Gobierno espera recaudar el año próximo 117.242 millones de euros; un 6,7% más que lo presupuestado en 2015. Según el propio Tomás Burgos, máximo responsable de la Seguridad Social, se trata de un objetivo “muy exigente”.

Hasta agosto, el instituto de previsión social recaudó los 71.400 millones, según desveló Burgos ayer miércoles en el Congreso. Una cifra “récord”, afirmó, que supera en 1.855 millones lo recaudado el año pasado en igual período. Pero que no evita el planteamiento del debate sobre el futuro de las pensiones, sentenció.