En el documento que la gran patronal catalana Foment del Treball Nacional ha presentado con sus propuestas de cara a las elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre, subraya que hay “tensión en el mundo económico a causa del debate soberanista” y “máxima preocupación desde la perspectiva empresarial”, sobre todo porque la convocatoria electoral «incorpora una dimensión política extraordinaria y excepcional» debido al proceso secesionista que plantean algunas candidaturas.

Para la patronal que preside Joaquim Gay de Montellà, «es obvia la incertidumbre empresarial ante este debate político, que pone en cuestión la pertenencia a la Unión Europea y a la zona euro con todas las consecuencias que esto tiene para el sistema financiero catalán, entre otros», añade la nota. Además, los empresarios rechazan el carácter plebiscitario de las elecciones, al subrayar que «la convocatoria de elecciones autonómicas, que es exactamente lo que dispone el documento de convocatoria formal». Y exige que el próximo gobierno catalán se forme «dentro del marco legal, en un entorno de seguridad jurídica de libertades, derechos y obligaciones» y con «estabilidad».

Fomento se alinea con este documento a las manifestaciones realizadas hace unos días por Josep Lluis Bonet, presidente de Freixenet, de la Cámara de Comercio de España y de la Fira de Barcelona, en el sentido de que los empresarios “tienen el deber de explicar a sus trabajadores las consecuencias secesionistas”.

En el documento dirigido a los partidos que participan en las autonómicas del 27-S, Foment reclama una rebaja de impuestos, «porque en Cataluña se paga más por IRPF que en el resto de España», dado que con el tramo autonómico, se alcanza hasta el 56%. También reivindica el fin de las diputaciones provinciales, «porque hay un exceso de administraciones», y pide de nuevo un pacto fiscal que solventara la falta de recursos de la administración catalana para prestar los servicios que tienen asignados.

El empresariado catalán también reivindica “administraciones públicas comprometidas”  y considera que la Generalitat es “esencial” porque tiene un presupuesto superior a los 27.000 millones de euros y una plantilla de 220.000 personas. En otro punto, en el que reclama la eliminación de las diputaciones provinciales, extiende la petición a una “reducción de las estructuras de las administraciones públicas”, incluida la Generalitat

Foment propone cinco líneas estratégicas que considera prioritarias para Cataluña y que debería abordar el gobierno que surja de las urnas el 27 de septiembre. Las propuestas giran en torno a una fiscalidad más competitiva, el incremento sostenido de las inversiones en infraestructuras por parte de la Generalitat y también del Estado, un marco jurídico y regulador seguro y estable, y avanzar hacia la máxima eficiencia de la administración pública a través de la simplificación de la normativa y la reducción de su propia estructura. El quinto punto se refiere a la competitividad, a través de la internacionalización, la innovación y la formación.