La banca europea presiona a Bruselas para suavizar el ‘tsunami’ de normas

12/09/2015

Miguel Ángel Valero. Las cooperativas de crédito recuerdan que su capacidad de resistencia durante la crisis las hace “una fuerza impulsora clave en la recuperación económica”.

La banca europea, directamente y a través de sus lobbies, presiona a la Unión Europea para que se relaje lo que denomina el ‘tsunami’ regulatorio. Una avalancha de normas, que comenzó antes de la crisis financiera internacional del verano de 2007 con los intentos de implantación de Basilea II y que se agudizaron tras el desplome del norteamericano Lehman Brothers, que “tiene implicaciones inmediatas y relevantes para todas las entidades, no solo para aquellas que tengan dificultades”, señala el grupo de trabajo sobre regulación y supervisión bancaria de la Asociación Europea de Banca Cooperativa (EABC).

Reunión en la sede de la Unacc en Madrid del grupo de trabajo de la EABC.

Reunión en la sede de la Unacc en Madrid del grupo de trabajo de la EABC.

Este grupo de trabajo, que se reunió el viernes 11 de septiembre en la sede de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) en Madrid, insiste en la necesidad de que «se respete el principio de proporcionalidad en un gran número de legislaciones que están en marcha”.

La EABC, que agrupa a 4.200 bancos con 68.000 sucursales, 205 millones de clientes, 860.000 empleados y una cuota de mercado media de alrededor de 20% en Europa, defiende “un entorno legislativo y regulatorio basado en los principios de la mejor regulación que encaje y respete el modelo de negocio de la banca cooperativa”. Y considera “imprescindible dar a conocer las especificidades de estas entidades para profundizar en la diversidad y pluralismo del sector bancario europeo para beneficio de los ciudadanos y pequeñas empresas de la Unión Europea”.

También recuerda el lobby de la banca cooperativa que un dictamen del Comité Económico y Social Europeo reconoce el papel de estas entidades y la necesidad de “preservar la biodiversidad del sistema financiero

La reunión del grupo de trabajo en Madrid ha analizado la implementación de la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria y su normativa de desarrollo y las nuevas propuestas del Comité de Basilea.

“La reunión ha sido muy productiva, ya que nos ha permitido compartir la forma en que la Directiva se está transponiendo en cada uno de los países de nuestro entorno y cómo cada uno de los bancos cooperativos se está preparando para asumir su impacto”, explica Luis Álvaro García-Lozano, representante de la Unacc en este grupo de trabajo de la EACB.

“Es evidente que este nuevo marco normativo supone un nuevo paradigma en la resolución de las crisis de las entidades bancarias. Las nuevas medidas regulatorias exigen un esfuerzo de planificación a las entidades”, añade.

Los expertos de los bancos cooperativos también estudiaron las propuestas del Comité de Basilea relativas a la modificación del tratamiento del riesgo de tipo de interés estructural. Y sobre todo el posible impacto de un cambio en el consumo de capital de la financiación a pequeñas y medianas empresas, ya que las pymes, los autónomos, y las cooperativas son, junto a las familias, los principales clientes de estas entidades financieras.

 El FSB da marcha atrás

Dentro de las presiones de la banca para que se suavicen las exigencias regulatorias, el Financial Stability Board (FSE) ha dado marcha atrás en una decisión que generó una gran polémica desde que se puso encima de la mesa. El FSE, que está elaborando las normas sobre absorción de pérdidas en las grandes entidades financieras, las consideradas “sistémicas”, propuso que los grupos estructurados sobre filiales con autonomía financiera, que es el esquema habitual en la banca europea, y especialmente en la española, fueran penalizados sobre los que optan por el esquema global, mucho más extendido en Estados Unidos.

Ahora, el FSB ha dado marcha atrás, al menos en el último borrador de la norma, e iguala las exigencias en cuanto a capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, por sus siglas en inglés).

Lo que no cambia es el objetivo: evitar al máximo la factura que deban pagar los contribuyentes por la quiebra de un banco.

 

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