Unos 2,7 millones de ocupados lleva trabajando menos de 12 meses. Se trata de un 15,6% del total de los ocupados, una cifra que hace dos años apenas representaba el 13,2%. Esta elevada rotación, con salidas y entradas constantes en el mercado laboral, tiene como consecuencia una falta de continuidad que impide completar períodos mínimos de cotización, los que abren la puerta al cobro de prestaciones, las ayudas más sustanciosas. En algunas provincias, un 80% del total de los parados que cobran ayudas se ven relegados el cobro de subsidios o rentas mínimas de supervivencia de apenas 400 euros, lo que aumenta el riesgo de pobreza de miles de familias.

La crisis ha provocado que las nuevas relaciones laborales tengan una duración menor, afirman desde Afi-Asempleo. En su Avance del Mercado Laboral correspondiente al mes de septiembre, donde pronostican que el crecimiento de la ocupación se mantendrá en el 2,6% hasta noviembre –cinco décimas menos que el valor registrado en mayo, el máximo de este año – la patronal de empresas de trabajo temporal (ETT) afirma que a finales de junio, el número de ocupados que lleva trabajando menos de 12 meses ascendió a 2,7 millones de personas, un 15,6% del total, cuando hace dos años eran unos 2,2 millones de personas, un 13,2% del total, afirman con datos del ministerio de Empleo.

Según la patronal de ETT, el riesgo de desempleo es “cada vez más alto” entre este tipo de trabajadores que sufren la elevada rotación. Los cortos períodos de cotización aumentan a su vez la probabilidad de no poder acceder a una prestación contributiva y, en el peor de los casos, no tener derecho, ni siquiera a la del nivel asistencial, añaden.

El gasto por desempleado cae un 20%

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 prevén una fuerte reducción de los gastos asociados al seguro de desempleo. “A la vista de la evolución del gasto en prestaciones en los PGE, no sería de extrañar que la tasa de cobertura por desempleo siga reduciéndose en los próximos meses”, advierten desde Afi.

El informe constata que en 2016, el gasto medio por desempleado descenderá en torno al 20% interanual respecto al año anterior. El motivo principal es una mayor reducción del gasto total en prestaciones por desempleo, que desciende un 21,7% respecto al año anterior, “y no tanto el descenso en el número de parados”, cuyo descenso se prevé que ronde el 3%, certifican.

Mientras cae el gasto en desempleo, crece la suma dedicada a incentivar la contratación. En los PGE de 2016, el gasto en fomento de empleo se incrementará en casi un 10% respecto al año anterior, lo cual “contribuirá a acelerar el ritmo de incorporación de los parados al mercado de trabajo”, destaca el informe.

Así, el gasto medio en políticas activas por parado vuelve a superar los 1.000 euros, según lo previsto en los PGE. Destace el aumento del gasto en bonificaciones a la contratación de parados, las ayudas al pago de cotizaciones por parte de los empresarios a la Seguridad Social, un 9% más; así como un incremento del 5,9% en el capítulo de formación.

Precariedad asistencial

Volviendo al desempleo, el grado de cobertura de sistema de protección social se distribuye territorialmente según lo hace el número de parados, continúan. Por provincias, se observa que donde mayor es la tasa de paro, mayor es el porcentaje de parados que recibe una prestación pública por desempleo o, lo que es lo mismo, mayor es la tasa de cobertura por desempleo.

Así, por ejemplo, las provincias del sur peninsular, como Jaén, Córdoba o Cáceres, cuentan con unas de las tasas de paro más altas de la geografía española (en torno el 30% a finales de junio de 2015), pero también con uno de los niveles de protección por desempleo más elevados (la tasa de cobertura supera el 70% en todos los casos en el mes de julio).

Sin embargo, en estas provincias, la discontinuidad también mina la calidad de las ayudas al desempleo. Esas mismas provincias son también las que cuentan con mayor proporción de parados recibiendo una prestación de carácter asistencial, cuya cuantía media es inferior a la del nivel contributivo. Alrededor de un 80% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo en estas provincias reciben una prestación asistencial, una renta activa de reinserción o una prestación del programa de activación para el empleo.

Por lo tanto, aunque sus desempleados están protegidos por el sistema público, es probable que el nivel de renta que reciben “no sea suficiente como para atender los gastos básicos del hogar”, afirman.

“La incorporación de este tipo de parados al mercado laboral, así como de aquellos que no reciben ningún tipo de prestación por desempleo, debe ser, por lo tanto, un objetivo prioritario de las políticas públicas de empleo”, defienden desde Afi Asempleo.

José Antonio Herce, director asociado de Afi, aboga por una “intervención decidida” por parte de los poderes públicos que canalice “recursos adicionales” para la sostenibilidad de los hogares más afectados por la pérdida de ingresos laborales a causa del paro de larga duración. Unas ayudas que, sostiene, deben ir condicionadas a la búsqueda activa de empleo y a la adquisición de formación y habilidades para el empleo”, añade. “Quizá sea pronto para bajar todos los impuestos a todos los contribuyentes”, concluye.