La Fiscalía Anticorrupción destaca en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que una sociedad patrimonial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibió entre los años 2006 y 2014 6,5 millones de euros procedentes del extranjero «cuyo origen se desconoce».

Y ha presentado un  recurso en el que reclama que Andreu asuma la investigación sobre el patrimonio de Rato argumentando que el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye se produjo en el extranjero y que, si los juzgados de Madrid asumieran la instrucción, las comisiones rogatorias internacionales que deberán realizarse con otros países «se verán claramente comprometidas y con ello la averiguación de los hechos».

La fiscal Elena Lorente destaca que, de acuerdo con un informe presentado por la Agencia Tributaria el 21 de julio,  Kradonara, recibió 6,5 millones sin que conste que sus empresas «hayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias». La socidad patrimonial de Rato recibió transferencias por valor de 3,04 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014 por parte de Vivaway Limited, una mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar y que es accionista de Kradonara. En las cuentas de esta última también entraron divisas por valor de 3,4 millones en los años 2006, 2007, 2011 y 2014.

En 2013 y 2014 Vivaway Limited recibió 2,5 millones de una sociedad panameña con domicilio en Ginebra (Suiza) denominada Wescastle Corporation, declarada ante Hacienda por Rato, mientras que Red Rose, otra sociedad domiciliada en Bahamas , de la que el expresidente de Bankia era «beneficiario final» aunque lo ocultó al fisco, le transfirió 850.446,18 euros en 2012 y 2013. Además, existen otras dos transferencias de Red Rose a Rato en 2012 por un total de 300.000 euros.

Blanqueo en Alemania

El recurso de Anticorrupción, presentado en primera instancia ante el juez instructor y de forma subsidiaria ante la Sala de lo Penal, órgano jerárquicamente superior al juez Andreu, destaca que el caso es competencia de la Audiencia Nacional porque «todo o parte de los actos de blanqueo» investigados «se han producido en el extranjero», en referencia a la inversión que sus empresas realizaron en la construcción de un hotel el Berlín.

«De no asumirse la competencia por el Juzgado Central, la instrucción de este blanqueo de capitales se plantea inviable por cuanto el Juzgado de Madrid no puede instruir un delito cometido, aunque sea en parte, en el extranjero al carecer, a juicio de esta parte, de competencia orgánica y territorial para hacerlo», señala el escrito del Ministerio Fiscal.

En contra del criterio de Andreu, que sostiene que fue en la capital «donde se residenció toda la actividad criminal» investigada, lo que atribuiría la competencia a los juzgados territoriales, la Fiscalía destaca que «en el caso que nos ocupa, la acción de ocultación se produce al transferir dinero de presunta procedencia ilícita a Alemania».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 dictó un auto el 18 de septiembre en el que se inhibía del procedimiento, al entender que los delitos fiscales y de corrupción entre particulares que se imputan a Rato únicamente podrían ser investigados en la Audiencia Nacional si causaran «una grave repercusión a la economía nacional, lo que no se da en el presente caso».

Andreu también rechazó por «falta de conexión» que esta investigación deba acumularse a la causa en la que se investiga la fusión y la salida a Bolsa de Bankia, tal y como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, que destacó la necesidad de evitar la creación de una «macrocausa» que podría dilatarse en el tiempo.

El instructor envió el asunto a reparto y volvió a recaer en su juzgado, adoptando el rechazo de la inhibición que dictó en agosto pasado el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. En el caso de que la Sala de lo Penal avalara la decisión de Andreu, Serrano-Arnal tendría la posibilidad de plantear un conflicto negativo de competencia que deberá resolver el Tribunal Supremo.

Más investigaciones

Además, Rato es investigado en esta causa por los pagos de 474.416,64 euros y 360.608 euros que la mercantil Albisa (supuesta sociedad pantalla del intermediario Alberto Portuondo) realizó a Kradonara en los años 2011 y 2012. Estos pagos, según la investigación, se justificaron, aparentemente, como «prestaciones de servicios» efectuados por Krandonara a Albisa cuando en realidad, según los investigadores, se corresponden con comisiones pagadas por dos proveedores de Bankia (Publicis y Zenith Media) que facturaron a la entidad 27,5 millones en 2011 y 20,3 millones en 2012 por una campaña publicitaria sobre los valores de Bankia y otra por la salida a Bolsa.

Como resultado de esos servicios Publicis y Zenith Media realizaron pagos a Albisa por importe de 1,2 millones en 2011 y 778.023,8 euros en 2012. Esta sociedad transfirió a Krandonara en 2012 360.698 euros.

En la instrucción también constan dos pagos de Krandonara a la sociedad Bagerpleta Gmbh, constructora del hotel de Berlín y participada por Rato en un 44%, por valor de 420.000 euros y 75.000 euros, respectivamente.

El juez Andreu señalaba que las transferencias a la sociedad promotora del hotel se produjo «desde las cuentas corrientes» que la empresa patrimonial de Rato tenía «en Banco de Santander y Banco de Sabadell en España, limitándose la actividad realizada en el extranjero a la inversión final de los fondos transferidos».

Además, Kradonara recibió durante los años 2013 y 2014, ingresos procedentes de Telefónica por valor de 363.000 euros en cada uno de esos ejercicios. Según la Fiscalía, Rato se benefició de estos pagos, que se correspondían con su labor como consejero para Telefónica, a través de la sociedad Arada, a la que facturaba Krandonara. Así, conseguía «un importante ahorro fiscal», según la Fiscalía, por cuanto Rato «no tributó estas percepciones en su IRPF y además tanto Krandonara como Arada declararon pérdidas fiscales e ingresaron 0 euros en sus declaraciones de Impuesto de Sociedades de 2013».

Los fondos presuntamente ilícitos manejados por Rato también se destinaron a «la construcción de un chalet» en Cabueñes (Asturias), la aportación a un fondo de inversión y el pago de los tributos declarados por Kradonara en 2001.

Todos estos hechos, según el juez, se habrían cometido en España. En esta causa, por la que Rato fue detenido el 16 de abril, están imputados, además del expresidente de Bankia, su asesor fiscal, Domingo Plazas, y su presunto testaferro Alberto Portuondo.