De la larga mañana de explicaciones del Gobierno que se vivió el miércoles en el Congreso podemos extraer tres conclusiones: todos los grupos, menos IU-ICV y BNG, respaldaron el “pacto por el euro” adoptado en la Cumbre de Primavera de la UE. Los datos del Ejecutivo indican que la reforma laboral puede ser una herramienta válida contra la destrucción de empleo. Y el “caso Faisán” comienza a ser un globo hinchado por el PP con “infamias” de ETA en el peor momento de la banda terrorista.

El presidente Rodríguez Zapatero realizó una lectura positiva de la economía española y del “pacto por el euro” acordado el viernes en Bruselas. Zapatero dijo que “hemos encontrado el camino” hacia una recuperación económica “sostenida”, aunque “todavía incipiente” e “insuficiente” para crear empleo. Eso vendrá en el segundo semestre del año, aseguró. Los deberes bien hechos –ajuste del déficit, congelación salarial de los funcionarios, reforma de las pensiones, saneamiento y exigencia a la Banca– nos han permitido ganar credibilidad en los mercados financieros y alejan el riesgo de “rescate”. Pero hay que perseverar.

Su mensaje para granar competitividad pasa por la “nueva regla de gasto”, que no podrá ser superior al PIB nominal para los ayuntamientos y la administración central –con las autonomías se deberá llegar a un acuerdo en el mismo sentido–, por la reforma de la negociación colectiva para ajustar los salarios a la productividad y, aparte la transposición de algunas directivas pendientes y la reforma de las políticas activas de empleo, por el combate de la economía sumergida, que “es un hecho evidente que está en la calle”, según dijo.

Zapatero, que prefirió los términos de “empleo informal”, anunció “incentivos a corto plazo” para los que afloren el empleo sumergido y “sanciones muy duras” a medio plazo. Joan Ridao, de ERC, le preguntó si “van a perseguir al hambriento o al delincuente”, pero el presidente no concretó. Sólo dijo que “se endurecerán las consecuencias contra los que cobren el paro y hagan trabajo irregular”. Durán i Lleida (CiU) reclamó otra rebaja del impuesto de sociedades y manifestó que si no hubiera economía sumergida, con cuatro millones y medio de parados “aquí habría una revolución”, a lo que Zapatero respondió que “claro” y que ya ha reducido 7 puntos del impuesto a las pymes.

A Mariano Rajoy le parecieron muy bien los acuerdos del Consejo Europeo. Incluso animó a Zapatero a contener el gasto público al nivel del “PIB real”, pero claro, “¿de qué nos vale, si usted ha violado reiteradamente la ley de estabilidad que le impedía rebasar el 1,5% de déficit sobre el PIB anual?” El líder del PP admitió que el riesgo de intervención ha sido conjurado por las medidas impuestas por Bruselas que el Gobierno, que no quiso aplicar las que mucho antes le propuso el PP se vio obligado a adoptar en mayo de 2010, pero señaló que subsisten inquietudes: falta de crecimiento, paro, inflación y déficit.

Zapatero le reprochó que no hubiese apoyado el ajuste porque lo que quería era “tumbar al Gobierno” para ponerse él, y Rajoy le replicó que no podían respaldar la congelación de las pensiones vulnerando una ley como hizo él –en referencia al Pacto de Toledo. El presidente no dudó en agradecer el apoyo en aquella ocasión de CiU y después el respaldo continuado del PNV. Luego se enzarzó con Ridao y Nuria Buenaventura (IU-ICV) sobre si su política es social-liberal o socialdemócrata. Según Zapatero la socialdemocracia se mide por el reparto. Y según Buenaventura, lo cierto es que las empresas del Ibex se repartieron el año pasado 50.000 millones más de beneficio, sus directivos superaron la media de 900.000 euros de ingreso anual y la nueva regla de gasto según el PIB “nos devuelve al ultraliberalismo de Reagan y Aznar”.

El resumen de este apartado del debate es que la nueva regla gasto-PIB estará lista en septiembre, mientras el ataque al empleo sumergido y la reforma de la negociación colectiva tendrán que estar listas cuanto antes, es decir, en abril. Y que “las ganas de crecer” de la economía española que observa el presidente, con un crecimiento de la exportación del 25%, como nunca en los 11 últimos años, se traducirán en empleo en el segundo semestre del año.

En respuesta a Rajoy, Zapatero ofreció los últimos datos sobre los efectos de la reforma laboral: de agosto a febrero 297.000 contratos han pasado de temporales a indefinidos (196.000 de ellos de fomento de empleo), se han suscrito 37.000 contratos de formación (un 9% más) y 25.000 en prácticas (un 17% más). Y han ganado peso los acuerdos de reducción de jornada, según el modelo alemán, sobre los despidos (un 127% más que en el periodo anterior). No obstante, Rajoy contra argumentó que la Seguridad Social ha perdido medio millón de afiliados en esos nueve meses.

El diputado del PP Ignacio Gil Lázaro volvió a pedir la dimisión del vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el “caso Faisán” (chivatazo a ETA durante la pasada negociación), apoyándose en esta ocasión en las notas intervenidas al entonces jefe de ETA, Thierry. Rubalcaba deploró el uso de “las infamias, mentiras y manipulaciones de la banda terrorista” y argumentó que los policías, guardias civiles, etzainas y agentes franceses llamados por el juez Pablo Ruz han declarado que no se bajó la guardia “sino que se apretó más que nunca porque se lo pedí yo”. “ETA perdió políticamente y por eso dicen lo que dicen; y ahora váyase a esas televisiones de ultraderecha a seguir esparciendo infamias”, reprochó al diputado.