La asociación ha evaluado el impacto de la nueva normativa aprobada ayer por el Gobierno sobre comisiones en cajeros automáticos.

En base a datos de Servired que indican que un 10% de las operaciones en cajeros corresponden a clientes de entidades ajenas, la asociación ha concluido que un total estimado de 90 millones de operaciones al año son gravadas por ser realizadas con tarjetas de entidades diferentes a las del cajero en que se realizan, lo que, a razón de 2 euros por operación, supone 180 millones de euros anuales «que pretendía embolsarse el sector a costa de los clientes».

«Sólo Caixabank, con más de 9.000 cajeros, habría obtenido desde abril en torno a 1.600.000 euros de manera ilegal, cuya devolución reclamará Adicae para todos los consumidores afectados por una actuación ratificada ya como abusiva y contraria a la ley», ha indicado la asociación en un comunicado.

Por último, ha señalado que, con la nueva regulación, «la ‘patata caliente’ se sitúa en el tejado de las entidades», que «deberán valorar la política a seguir con sus clientes respecto a la repercusión de costes en un entorno de malestar generalizado de los consumidores con la banca, acentuado por los sucesivos escándalos generados y las mil millonarias ayudas del Estado al sector».

Adicae garantiza que vigilará los costes que los bancos repercutan por usar cajeros desde enero

Adicae ha garantizado que vigilará los costes que a partir del próximo mes de enero los bancos repercutan a los consumidores por las retiradas de efectivo en los cajeros, según ha informado en un comunicado.

La asociación además exigirá a la Comisión Nacional Mercado de la Competencia (CNMC) «máxima transparencia» en el papel de control que la norma le asigna.

«No se aceptarán incrementos de los costes que se repercuten a los consumidores por las retiradas de efectivo», ha advertido.

Para Adicae, el decreto para impedir la doble comisión en los cajeros abre el camino para fijar unas reglas de juego «claras» en materia de comisiones en general.

«La asociación se mantendrá alerta para evitar que de la nueva norma se deriven incrementos inaceptables del coste que finalmente soporten los usuarios», ha incidido.