El juez ha tomado declaración al ex vicepresidente del Gobierno, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia dentro de la investigación que sigue contra él por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares y le ha impuesto medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer una vez al mes en su Juzgado.

El juez ha citado a declarar a partir de mañana a 16 personas en calidad de testigos y ha ordenado el desprecintado y volcado de la documentación intervenida en los últimos registros practicados, que tendrá lugar la próxima semana en presencia de una comisión judicial y de agentes de las Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Serrano-Arnal ha atendido la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción que ha reclamado como única medida cautelar las citadas comparecencias periódicas y la prohibición de abandonar el territorio de la UE. Queda así, en situación similar a la de su secretaria Teresa Arellano y el supuesto testaferro Miguel Ángel Montero que declararon ante el juez la pasada semana tras permanecer dos días en los calabozos del Instituto Armado. Ambos conservaron, no obstante, sus pasaportes.

Rato dispone ahora de cinco días para entregar el documento que le permitiría viajar al extranjero y podrá elegir cuándo comparece ante el Juzgado, siempre que acuda una vez al mes, han confirmado las mismas fuentes.

En la calle, una veintena de preferentistas se han manifestado durante la declaración con pancartas y gritos contra Rato. Según fuentes judiciales, Rato ha llegado a pie a las 8.15 al edificio de los juzgados de Plaza de Castilla, aunque no ha entrado en la sala ante el juez hasta las 11:15.

El juez Serrano-Arnal ha tomado declaración a Rodrigo Rato después del repunte en la instrucción experimentado la pasada semana. Rato fue conducido ante la Guardia Civil el pasado jueves y sometido durante más de cuatro horas a las preguntas de los agentes mientras que dos de sus más estrechos colaboradores –su secretaria Teresa Arellano y el supuesto testaferro Miguel Ángel Montero— no tuvieron la misma suerte y permanecieron dos días en calabozos antes de pasar a disposición judicial.

En tan sólo tres días la instrucción de la causa sufrió un fuerte impulso y el procedimiento pasó de tener tres a nueve imputados, cuatro de ellos, directivos de empresas de publicidad que se beneficiaron de contratos con Bankia.

El juez continúa avanzando en la investigación a pesar de su evidente deseo por desembarazarse de ella. El pasado viernes, después de dejar en libertad a Arellano y Montero e imponerles comparecencias mensuales, dictó un auto en el que solicita al Supremo que decida sobre la competencia que, en su opinión, debería ser de la Audiencia Nacional.

La investigación ha quedado dividida en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es “el beneficiario último” a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.

Esta sociedad de escasa actividad, constituida en 2001, cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, dice el juez. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas: la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas.

Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato. Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su exmujer, Ángeles Alarcó. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.

Bagerpleta encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió, no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios, sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e “ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias”.

La causa afecta, por el momento, a nueve imputados. Además de Rato, Arellano y Montero, el juez atribuye los mismos tres delitos a otro de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo, –el único que ha sido enviado a prisión– y su socio y abogado Domingo Plaza. Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades.

No es la primera vez que Rato acude ante el juez. Compareció en el Juzgado el pasado mes de julio pero se negó a declarar hasta conocer el nuevo informe que la Oficina Antifraude está elaborando sobre el material incautado en su domicilio y su despacho.

El caso Rato estalló el pasado mes de abril, cuando el exvicepresidente del Gobierno popular de José María Aznar fue detenido, si bien su arresto se limitó tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho, unas siete horas. Esta medida se produjo tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid.

Posteriormente, el juez Serrano-Arnal citó a declarar a Rato el pasado 22 de julio pero el exvicepresidente del Gobierno se negó a contestar a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a que empleó un “complejo entramado societario” para cometer varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ante quien Serrano-Arnal se inhibió sin éxito, por el momento, mantiene imputado a Rato por la fusión y posterior salida a Bolsa de Bankiay por las tarjetas ‘black’ utilizadas por los directivos de dicha entidad.