El pleno de la sala cuarta ha acordado «por unanimidad», aunque con votos particulares concurrentes estimar el recurso de casación de las empresas, después de que la Audiencia Nacional decidiera en abril del año pasado anularlo.

La sala, tras analizar la regulación del despido colectivo en una sociedad anónima de titularidad pública, concluye que «no concurren» en el presente supuesto los requisitos para apreciar que haya existido grupo irregular de empresas y que no tiene en el caso responsabilidad solidaria la filial Tragsatec.

El Supremo ha señalado que ante la inspección de trabajo y en el acuerdo finalmente no ratificado, la representación laboral estimó suficiente la documentación aportada, por lo que no es necesario aportar justificación adicional de la causa organizativa cuando se reduce el número de afectados.

Además, considera que son suficientes los criterios de selección, no cuestionados durante la negociación, si están referidos a un cuadro geográfico y funcional de amortización de puestos de trabajo y en ellos se respetaron además los criterios constitucionales de mérito y capacidad y, que no es discriminatorio que el despido afecte solo a personal fijo y no a los contratados temporales.

Para justificar el ajuste de la plantilla, Tragsa había alegado en el mes de octubre cuando presentó el ERE una drástica caída de los ingresos que le llevarán a incurrir en unas pérdidas de 17 millones de euros al final de este ejercicio, y argumentó que el coste de personal, principal partida de gasto, no se ha reducido acorde a la fuerte caída productiva y al descenso de la cifra de negocio.

En el momento de iniciarse el procedimiento de despido colectivo la plantilla de Tragsa estaba formada por 6.773 trabajadores, de los cuales 4.430 eran indefinidos y 2.343 temporales.

El Grupo Tragsa, que forma parte del holding de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene presencia e implantación en toda la geografía nacional, dispone de medios humanos cualificados, maquinaria pesada, auxiliar, elementos de transporte, vehículos de obra, y tecnología propia para realizar todo tipo de trabajos en materia de desarrollo del medio rural y conservación de la naturaleza, según los datos aportados por los sindicatos.

A las puertas del Tribunal Supremo se acercaron aproximadamente medio centenar de trabajadores del grupo Tragsa (Tragsa-Tragsatec), que reclamaban la nulidad del ERE, así como la readmisión de los trabajadores despedidos.

Los representantes sindicales se habían mostrado optimistas ante la decisión del Alto Tribunal, ya que la compañía había regresado a números positivos y confiaban en que ratificara la sentencia de la Audiencia Nacional, por lo que la decisión del Supremo ha supuesto un varapalo a sus expectativas.