La actual situación de globalización de los mercados obliga a un cambio en el modelo de gestión portuaria en España. Esta es la principal conclusión de un informe elaborado por la Fundación de Economía Aplicada (Fedea), que propone una reforma en profundidad del modelo donde prime la la competitividad y la libre competencia.

El estudio elaborado por Mª del Mar Cerbán y Juan Ortí, titulado “Infraestructuras portuarias: análisis del sistema portuario español”, examina el caso español tomando como referencia las principales políticas de gobernanza portuaria vigentes en el mundo y argumenta que el modelo portuario vigente está agotado y demanda una profunda reestructuración.

Puertos cada vez menos atractivos

Aunque el sistema portuario español es rentable en su conjunto, los puertos cada vez resultan menos atractivos para los operadores debido al elevado coste de ciertos servicios y a las altas tasas portuarias, señalan los economistas.

Por otra parte, el sistema ha generado una sobrecapacidad que no se eliminará en muchos años con las previsiones actuales de tráfico, añaden.

El nivel de utilización del conjunto de las terminales de contenedores es tan solo del 36%, siendo más de la mitad tráfico de transbordo, muy volátil y enormemente sensible al coste.

Liberalización de la estiba

El estudio señala que los puertos españoles no han sido capaces de aplicar reformas, como la liberalización de la estiba, ni de reducir costes para estos tráficos que califican de muy “sensibles”. Esta situación, continúan, ha favorecido que proliferen otros puertos en países vecinos, como los de Sines, o Tánger, que “sí han entendido la importancia y sensibilidad del coste del transbordo”, subrayan.

“ Estos puertos vecinos han llevado a cabo las reformas necesarias para atraer estos tráficos tan volátiles”, afirman.

28 autoridades portuarias

El sistema portuario español de titularidad estatal se compone de 28 Autoridades Portuarias, aunque solo 10 de ellas mueven el 80% del total de mercancías, mientras que las 18 restantes se reparten el 20% del total de la carga.

Si embargo, si acotamos el estudio al tráfico de contenedores, se observa que de las 28 autoridades portuarias, solo 3 de ellas aglutinan el 75% del tráfico ‘contenerizado’, mientras que las 25 restantes representan el otro 25%.

Aun más. Al ceñirse al tráfico de transbordo, se desprende que el 83% del tráfico en España lo aglutinan únicamente 2 autoridades portuarias, mientras que las 26 restantes solo mueven el 17%.

Estos datos llevan a los autores a cuestionar si es necesario tener 28 autoridades portuarias y 46 puertos de interés general.

Reformas propuestas

Los autores proponen cinco tipos de reformas que afronten los problemas de sobrecapacidad del sistema portuario, falta de competitividad y libre competencia. En primer lugar, abogan por un cambio en el modelo de organización, que conlleve una racionalización y especialización de las instalaciones portuarias, así como la reducción de los puertos de interés general y de las autoridades portuarias.

Reclaman además un cambio en el modelo de gobernanza, que propicie una evolución hacia un a un modelo nuevo basado en la ‘corporatización’ y la gestión público-privada de los puertos españoles de interés general, con la unificación de autoridades porturarias bajo el amparo de corporaciones o fachadas marítimas (‘logistics authorities’).

A su ves, Fedea pide un cambio en el sistema de planificación portuaria, que tenga en cuenta la necesidad de una planificación del sistema portuario español bajo una estrategia estatal única y común, basándose en estudios de demanda y de mercado.

Finalmente, los investigadores piden la liberalización de la estiba, instaurando la libre competencia en los servicios de estiba y desestiba, y definiendo un modelo nuevo que elimine la relación laboral especial y el control de acceso a la profesión.

Por último reclaman la libre competencia de los servicios técnico-náuticos, bajo un nuevo modelo de concesiones públicas para los servicios técnico-náuticos que elimine los monopolios en los servicios y permita la libre competencia.