Si hubiese que citar un sector dependiente de los presupuestos del Estado y de un marco de regulación sería el de las obras civiles e infraestructuras. Con estas coordinadas y con la inminencia de las elecciones que darán paso a un nuevo Gobierno,  Seopan -la patronal de las empresas del sector- ha lanzado un mensaje en base a un informe realizado por la consultora ATKearney, En él se especifican las inversiones que aún son necesarias para que  la sociedad española cuente con los mismos parámetros en estructuras como sanidad, tratamiento de agua o medio ambiente que otros países el entorno.

Y argumenta que, pese al gran esfuerzo realizado en otras legislaturas, los últimos años han estado marcados por las reducciones presupuestarias para cumplir con los objetivos de déficit. Además que. incluso, en las etapas de bonanza las inversiones se han dirigido básicamente a mejorar las redes de transporte por las deficiencias que España acumulaba.

Ahora, según el presidente para España y Portugal de ATKearney, Eugenio Prieto, el enfoque debe ponerse en las inversiones sociales, que van desde el tratamiento y depuración del agua -con un Plan Nacional del Agua-, el aumento de camas hospitalarias, el reciclaje, las conexiones energéticas con el exterior, el urbanismo, las infraestructuras tecnológicas o las destinadas a aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril. «hay mucho camino por recorrer», subrayó.

Además tanto los autores del informe como el presidente de Seopan, Julián Nuñez, destacan el efecto de las inversiones en estas áreas tanto en la generación de riqueza como en la creación de empleo. ·En definitiva, en función que la mejora de las infraestructuras se mida por número de habitantes o por densidad de población y en comparación con países como Francia o Alemania, España necesita invertir del orden de los 38.000 millones a 54.000 millones al año en la próxima década.

Este esfuerzo inversor supondría generar actividad económica por más de un billón de euros y la creación entre 500.000 a 750.000 empleos directos e indirectos al año. Y Nuñez añadió que no tiene que traducirse necesariamente en déficit si se opta por la fórmula de combinar la inversión pública con la privada, pera lo que también es necesario, en su opinión, un marco regulatorio concesional.