Los partidos políticos coinciden en que hay que buscar nuevas fuentes de ingresos para el sistema público de pensiones. Al menos eso es lo que transmiten sus representantes en la jornada ‘Propuestas electorales para el futuro de las pensiones: los modelos de los partidos políticos’, organizada por la Fundación AXA y El Nuevo Lunes. En lo que no hay coincidencia es en el cómo hacerlo.

La secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, propone reformar la Constitución para «reforzar» la protección de las pensiones. También, modificar el mercado laboral recuperando la negociación colectiva y la estabilidad del empleo, y buscar nuevas fuentes de financiación tanto mediante cotizaciones (‘destopar’ progresiva y proporcionalmente las bases máximas, mejorar paulatinamente las bases mínimas, subir el salario mínimo, haciendo que los autónomos coticen en función de sus rentas) como con un nuevo impuesto finalista para pagar pensiones, pero sin «estigmatizar» ninguna en particular.

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo de IU, José Antonio García Rubio, propone aumentar el Salario Mínimo hasta los 1.100 euros en una legislatura y equiparar a él las pensiones mínimas, elevar el tope de cotización máxima un 5% anual y usar el aumento de recaudación para cubrir «periodos en blanco» de cotización de los jóvenes, financiar vía Presupuestos sólo los complementos a mínimos, avanzar en la separación de fuentes de financiación, y devolver la edad de jubilación a los 65 años, permitiéndola con 35 años de cotización.

Nacho Álvarez, de Podemos, cree que una reforma fiscal «sensata» que acerque tipos nominales y reales y elimine deducciones, y una flexibilización de la senda de consolidación fiscal darían margen suficiente para generar más empleo y de mayor calidad, y para financiar una mejora de las pensiones. Se apunta a ‘destopar’ las cotizaciones máximas,  igualar las pensiones de hombres y mujeres, y «también hay que abrir la puerta a una financiación por vía impositiva».

El máximo responsable del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano, defiende informar de forma transparente a los ciudadanos sobre las pensiones que recibirán para que cada ciudadano tome las decisiones que considere más convenientes.

El portavoz adjunto del PP en el Pacto de Toledo, Pablo García, cree que hay que «aspirar a reforzar» el sistema público de pensiones, aunque precisa que con el factor de revalorización y el índice de sostenibilidad ya se ha dado un paso en ese sentido. También cree «fundamental» incrementar los recursos, vía impuestos, para la Seguridad Social, aunque recuerda que la verdadera garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones es el empleo.

Las propuestas de Unespa y de Inverco

Luis Miguel Ávalos, director de Seguros Personales de Unespa, reclama que los límites de las aportaciones a planes de pensiones sean flexibles, porque en España hay 3 millones de autónomos y pequeños empresarios con ingresos variables. Y pide incentivos para el desarrollo de la previsión social empresarial, porque «solo existe en las grandes empresas y no se origina por nuevos compromisos con los trabajadores”. Propone fijar la obligación de los trabajadores de inscribirse en un plan de pensiones, con el compromiso de la empresa de financiar una parte de la aportación.

Ávalos exige que se envíe la carta con la información sobre la pensión estimada, tanto la pública como la privada. En la misma línea se había manifestado en la apertura de las jornadas Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA: «Si hemos reducido las pensiones para hacer el sistema sostenible, la próxima generación de jubilados está en su derecho de saber la cuantía de su pensión pública para poder tomar medidas, no podemos escatimarles esta información”.

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, se apunta a esa reclamación sobre el envío de la carta, y recuerda que está todavía pendiente la remisión por parte del Gobierno al Congreso del informe sobre el desarrollo de la previsión social complementaria y sobre las medidas para promover su desarrollo en España. También pide recuperar la deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades para contribuciones empresariales a planes de pensiones, la no inclusión de la cotización por contribuciones empresariales a pensiones (el Gobierno la eliminó hace 3 años); establecer un sistema de aportaciones de empresas y trabajadores, con contribución adicional del Estado, equivalente al 1% de la masa salarial en cada caso, lo que permitiría unas aportaciones anuales equivalentes al 3% del salario del trabajador, con carácter obligatorio o mediante autoadhesión, crear un tipo de plan de pensiones simplificado para las pymes, o permitir a éstas la realización de aportaciones a planes de pensiones individuales a favor de sus empleados, con deducción fiscal.

También propone aumentar los límites de las aportaciones de los partícipes, especialmente los de mayor edad; ampliar los límites a las aportaciones a favor del cónyuge; tratar las prestaciones como rendimientos irregulares, con aplicación del porcentaje de reducción correspondiente, o tributación de los rendimientos como renta del ahorro; e incentivar la transformación de otras fórmulas de ahorro, especialmente de inmuebles, en cualquiera de los instrumentos para la previsión.

Liquidez a los 10 años, en vigor pero sin reglamento

Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, recuerda que la posibilidad de rescatar los ahorros de los planes de pensiones a los 10 años están en vigor desde enero, aunque estén pendientes del desarrollo reglamentario de la norma, que espera que se apruebe «este mes o el próximo”.