El mejor, para muchos, piloto de todos los tiempos, Valentino Rossi, (36 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo), descompuesto ante la imposibilidad de quitarse de encima la ‘mosca cojonera’ y viendo cómo se escapaba Jorge Lorenzo, su máximo rival para el campeonato a falta de una carrera, tiró de una patada a Marc Márquez (22 años, cuatro campeonatos del mundo).

Ídolo de masas -incluso en España, donde es el piloto preferido por muchos, por encima de los nacionales- Rossi siempre ha tenido un comportamiento con sus rivales rayano en el ilícito penal deportivo. Todo se le perdonaba por su sentido de la exhibición y del espectáculo. Pero de repente una coz ha roto el espejo y ha logrado desenmascarar el verdadero carácter del idolillo. Ilícito moral de libro, empezando por las críticas, sin ambages, en su país natal.

He aquí el meollo de la cuestión. Ilícito moral vs ilícito penal.

La recién elegida presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, siguiendo al pie de la letra el libreto del viaje a la independencia y como estrambote a su discurso inaugural, profirió con un tenue hilo de voz: ‘Visca la República catalana’. La mitad del hemiciclo -exactamente, el 47% de los presentes- rompía en aplausos, quedando en silencio el resto.

No hay ilícito penal en razón de la inviolabilidad parlamentaria, que exime de toda responsabilidad a quien vierte opiniones en el ejercicio de sus funciones. Pero sí ilícito moral de carácter continuado, que descalifica tanto a su autora como a quienes -con sus votos- han aupado al estrado a esta alma impalpable, que ya había proclamado su intención de incumplir la Constitución. Desde ahora, su futuro vendrá marcado por ese segundo histórico, que es más bien una baladronada, cocinada y ensayada por quienes han impulsado el nombramiento para este cargo –neutral por definición- de una preclara activista.

Ensalzó un valor irreal e inexistente -la República catalana- que es, además, contrario a la Ley fundamental del Estado. Y lo hizo Forcadell en sede parlamentaria y durante el desempeño de su posición institucional como representante del Estado.

Los autores intelectuales de este epígrafe de la hoja de ruta, perpetran una agresión a quienes -igualmente representados en el Parlament– no desean ni la independencia ni la proclamación de la República catalana (aunque una parte de ellos no le haría ascos a la española). Han matado, pues, dos pájaros de un tiro porque, además de este desaire, nada menos que al cincuenta -y pico- por ciento de los votantes catalanes, vuelven a la carga emocional contra varias decenas de millones de españoles, una vez zarandeados por el oleaje que impugna la concordia.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina –y en contra de los límites de nuestra supervivencia constitucional- prosigue el contencioso entre la dialéctica de los hechos consumados y la aplicación de la ley. A ver quién gana.

De momento, los primeros, porque la doctrina de no actuar -como justificante para no exacerbar el nacionalismo- reduce la confianza de los que resisten en silencio. Y esa sensación se fortalece con episodios como este porque, al no representar más que a la mitad de los elegidos, se convierte -sin remedio- en una presidenta de “la mitad de la Cámara”.

Tampoco se entiende bien que los ’desconsiderados” no se ausentaran, evidenciando que la elegida sólo representa a una parte del conjunto.

Después llegó -con las prisas de la CUP- una de las condiciones previas para aprobar la candidatura de Mas, antesala de la DUI. Y como es previsible que estas conductas sean constitutivas de delito, a la fiscalía no le quedará más remedio, cuando se ratifique en la Cámara, que responder con querellas que, a su vez, harán brotar nuevos delitos de desobediencia. Llegados a este punto, nos adentraremos en el mismo abismo.

Hay que dejar de invocar el imperio de la ley y la defensa del Estado de Derecho. Su respeto resulta indiscutible, pero lo que de verdad hay que garantizar es su cumplimiento, aparcando obviedades, denunciando lo que ocurre para que la gente lo sepa y lo apoye, y esperando a que el rival incurra en el error para aplicar la ley.

Nunca se había llegado tan lejos en la dialéctica de la confrontación y quienes han empezado a romper amarras saben lo ingrato de una diligencia judicial frente a la inmunidad parlamentaria, el clima hostil a esa variable y la rentabilidad de la provocación o el victimismo. Con el grito de la presidenta se ha roto también el espejo para quien quisiera ver lo que está sucediendo.

No es libertad ideológica ni de expresión lo que aquí está en juego, sino acatamiento o no del orden constitucional vigente. Da la sensación de que se busca una reacción desmesurada e ilegal que dé argumentos de razón. Y frente a ello no existen iniciativas, si cabe más inteligentes, sino una recóndita invocación a que al final imperará la razón. Y los hechos demuestran que eso no ocurre nunca. Por ello, no dejaremos de apelar a la concordia como mejor remedio para embridar la escalada de esta independencia verbal.

Entretanto ¿Sabe la nueva presidenta que su actuación entra de lleno en la esfera de una palmaria incorrección constitucional? ¿Es consciente de que su desahogo constituye una insolente confrontación con la vigente forma de Estado que constitucionaliza la actual monarquía parlamentaria? ¿Comprende el grado de desfachatez que supone, viniendo precisamente de quien debe ser guardiana última del reglamento parlamentario?

El desquiciamiento progresivo del ordenamiento jurídico -que parece no tener límites como denota el acuerdo al que acaban de llegar los dos grupos soberanistas para iniciar el proceso de independencia- descalifica, deslegitima y deja en evidencia a quienes lo inspiran. Eso es lo que le pasó a Valentino Rossi. Por mucho que sintiese cerca la mosca cojonera.