Dice Pablo Iglesias que a él no le encontrarán dentro del búnker. Se refiere a la tríada integrada por Ciudadanos, PP y PSC, que ha recurrido la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar la resolución de independencia. Las razones tienen enfoques diferentes y comunes a la vez, pero básicamente se considera que esa resolución agrede el derecho de los diputados catalanes a la participación política, protegido en el artículo 23 de la Constitución. Ni todos los grupos parlamentarios estaban constituidos, como es obligado, ni la Mesa debería haber amparado una iniciativa secesionista contraria a la legalidad. La base argumentativa es similar: el órgano de Gobierno de la Cámara autonómica no tiene competencia para tramitar directamente iniciativas parlamentarias, aunque sí para paralizar las que atenten contra el orden constitucional. Así, mientras que el PP y Ciudadanos solicitan la suspensión cautelar, el PSC no pide la suspensión, al entender que ya no hay posibilidad de parar el debate en el pleno, porque la cuestión es el aire tórrido y plomizo de las conversaciones.

Podemos no ha estado ni estará en la foto porque tiene un lío tremendo con su identidad. Por un lado, presume sin rubor de una disposición al diálogo que, en el fondo, sirve de poco cuando tu presunto interlocutor, como ha dicho Rajoy –que también acostumbra a hacer lo mismo- sólo ofrece un monólogo. Por otro, es cierto que para muchos votantes de Podemos sería indigerible una fotografía junto al PP y Ciudadanos -algo menos con el PSOE-; pero también resulta evidente que Podemos pierde votos a chorros por su frente nacional, que no comprende que la regeneración sea incompatible con la defensa de la unidad territorial en la Unión Europea y el principio de solidaridad.

Pablo Iglesias, quizá abatido por la proyección del personaje, parece más rehén de las expectativas programáticas que cree haber generado que de las circunstancias que se imponen. Por muy partidario del diálogo que se sea, por muy abierto que se esté a las singularidades de los pueblos, la actualidad se acerca a un estado de sitio soterrado en el que cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades y también defender su posición.

Porque más allá de que la resolución de la Mesa del Parlamento de Cataluña sea inconstitucional en su procedimiento, mediante una vía fraudulenta, y también en su esencia, al referirse a un territorio –el español- cuya soberanía corresponde, en exclusividad, a todos sus ciudadanos, el asunto en sí tiene una hondura ética distinta: la diferencia entre la dictadura interior, más o menos camuflada, y la honradez política.

Más de la mitad –repito: más de la mitad- de la población catalana que ha acudido a las urnas en las elecciones autonómicas ha votado a partidos no independentistas. Si estas elecciones tenían, como pretendía la dirección secesionista, carácter plebiscitario, es indigno y desleal ampararse en la mayoría de escaños para obviar que más de la mitad de los votantes –cada hombre, un voto- ha expresado que quiere continuar en España. La mayoría de los catalanes decide seguir siendo española y su Gobierno regional utiliza la estructura institucional autonómica –y también estatal- para vulnerar esa decisión, expresada libremente por más de la mitad de su ciudadanía.

La legalidad y la decencia están dentro del búnker. La honradez política y civil, está en el búnker. Y lo que queda fuera no es sólo una pretensión ingenua de diálogo, porque poco se puede dialogar con quienes pisotean los resultados electorales. Más allá de los muros cada vez más sólidos del búnker, sólo quedan los tibios peace and love y el golpismo.