CCOO y UGT han advertido al Gobierno de que presentarán acciones legales en caso de que el Servicio Público de Empleo (SEPE) no paralice la convocatoria de cursos de formación para jóvenes en 2015 dotada con 40 millones de euros. Las centrales alertan de que algunas entidades han empleado “subterfugios” legales a fin de mejorar su puntuación y captar subvenciones, en detrimento de opciones más “realistas”, explican.

Tras conocer los resultados de la convocatoria, los sindicatos ofrecen abundantes ejemplos de lo que llaman “artificios” para obtener subvenciones. Así, once proyectos consiguen captar 4,2 millones de euros con cursos que están destinados a un único alumno. ¿Dónde está la trampa? Las entidades tratan de obtener la puntuación más alta en el criterio de “diversificación de la formación”, que premia los proyectos que ofertan mayor número de cursos con diferentes contenidos.

Dado que el importe máximo que se puede solicitar por expediente es una cantidad fija, presentar cursos con un único participante permite aumentar el número de acciones formativas diferentes sin aumentar el coste total.

El caso más extremo es de una entidad que solicita financiación para 33 cursos de idiomas, de los cuales 32 son para un único alumno y uno, de inglés C1, para 223, afirman desde los sindicatos. Denuncian además que este planteamiento se repite en proyectos distintos e iniciativas diferentes de la misma entidad. “No responden a ningún análisis de las necesidades de los jóvenes, sino que son un artificio destinado a obtener las subvenciones”, sostienen.

«Redes» de consultoras y centros

Según CCOO y UGT, algunas “redes” de centros y consultoras de formación han conseguido la máxima valoración técnica mediante estos “subterfugios”. Los sindicatos admiten que estos proyectos tienen “apariencia de legalidad”, pero incumplen a su parecer con los fines de la convocatoria y con el principio de eficiencia que debe presidir la gestión de subvenciones.

Las entidades que han utilizado estos “ardides” han conseguido que se aprueben “bastantes” de sus solicitudes, critican. Asi, cinco entidades han logrado que se aprueben los tres proyectos que presentaban, y acumulan 6,2 millones de euros del total de 40 millones de euros de la convocatoria, un 15,5%. En conjunto, cuatro grupos de empresas de formación acaparan un 22% de las ayudas, protestan.

Más profesores que alumnos

Otras irregularidades detectadas por los sindicatos denuncian que hay cursos con más profesores que alumnos. ¿Dónde está el truco? La valoración técnica pretende impulsar el empleo de calidad. Y asigna una puntuación mayor a los proyectos que contratan a más profesores de forma indefinida.

Para conseguir más puntos, las empresas han incluido un elevado número de trabajadores fijos, aunque impartan un solo curso. De esta manera compensan la falta de docentes en otros proyectos.

Así, un centro de formación declara que dedicará 149 docentes a la impartición de un curso para 15 alumnos. Mientras, en el mismo expediente, otro declara que destinará dos docentes para impartir dos cursos para 50 participantes.

No se ejecutarán

Para los sindicatos es poco probable que las empresas ganadoras puedan ejecutara los proyectos en las condiciones de la solicitud. Sin embargo, las empresas aceptarán sufrir una penalización económica por no ejecutar la formación, a cambio de tener la oportunidad de competir con ventaja.

UGT y CCOO afirman que estas empresas han utilizado “subterfugios” para conseguir la mayor valoración técnica, y denuncian que los resultados de la convocatoria van “en detrimento” de la mayoría de los solicitantes que presentaron proyectos “coherentes”.

Por ello, los sindicatos votaron desfavorablemente en el órgano colegiado encargado de infomar sobre la convocatoria, compuesto por el Servicio Público de Empleo (SEPE) y las organizaciones empresariales y sindicales, después de fracasar en su intento por que las empresas sospechosas de irregularidades se explicasen.

Por último, advierten de que, en caso de no ser atendida su petición de paralización de la convocatoria, estudiarán acciones legales a fin de evitar que esta convocatoria siga su curso.