Pensiones: suenan campanas de alarma

03/12/2015

Maite Vázquez del Río.

Lo que pensamos y los datos esta vez parecen coincidir. Las pensiones públicas, de seguir como estamos, están en peligro. Todo va en la misma dirección y los partidos políticos aprovechan que estamos en campaña electoral para alarmarnos, primero, y luego surgir con el bálsamo de Fierabrás cual Quijote para curarnos de esta amenaza sobre el futuro que nos espera cuando ya no podemas trabajar y aspiremos a tener una pensión que nos permita una vida digna.

Muchas empresas dedicadas a conocer lo que pensamos coinciden en que los españoles estamos preocupados por el futuro de nuestras pensiones; algunas encuestas incluso van más allá y auguran que las pensiones futuras no nos permitirán tener el mismo nivel de vida que cuando trabajábamos. Y si se pregunta a los jóvenes, entonces el horizonte todavía es peor: sin empleo, y los que lo consiguen con bajos salarios e inestabiliad laboral permanente… difícilmente podrán tener una pensión.

El Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho bien los deberes en esta materia. A decir verdad, ha empeorado su situación. La tímida reforma realizada a mitad de la legislatura ha redundado en más de lo mismo, pero pegando el primer tajo a las pensiones, al fijar un mínimo de subida del 0,25%, que hasta ahora es el que vale, mientras los pensionistas pierden poder adquisitivo. Las pensiones ya no se revalorizarán según el IPC y se agrega un nuevo factor a tener en cuenta: sostenibilidad, o lo que es lo mismo, para pagar nuestras pensiones se tendrá en cuenta la esperanza de vida de los españoles, que va aumentado cada año.

Por su parte el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también había hecho de las suyas, con una reforma que elevó la edad de jubilación a los 67 años, y pese a mantener los 15 años de cotización para tener derecho al cobro del 50% de la pensión, amplió de 20 a 22 años de cotización para poder acceder al 100% de la prestación. Pero también amplió el periodo de cálculo de los últimos 15 años hasta los últimos 25. Ni que decir tiene que los que ahora se están jubilando si les ha pillado la crisis y les ha mandado al paro verán reducida también su pensión contributiva.

En definitiva, mientras nos siguien incrementado las bases de cotización (cada vez pagamos más a la Seguridad Social), nos están advirtiendo que este incremento no se verá repercutido en nuestra futura pensión, al contrario. A ello sumamos que tendremos que trabajar más tiempo y que si cumplimos todos los requisitos para alcanzar el 100% de la pensión, cobraremos mucho menos que si hubiéramos podido jubilarnos en estos momentos o hace cinco años.

Y para agregar más presión, el Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto incumplir el Pacto de Toledo. Se le ha ocurrido la brillante idea para subsanar otra equivocación, abonar la paga de los funcionarios con dinero del Fondo de Reserva. De los más de 65.000 millones con que contaba dicho fondo, creado para casos de emergencia (no poder pagar las pensiones), ha pasado a tener poco más de 30.000 millones. Y así no se puede.

El Pacto de Toledo, firmado por todas las formaciones políticas en 1995, dejaba sentado el camino a seguir. Su máxima era que con las cotizaciones solo se pagarían las pensiones, pero a muchos gobiernos les ha venido más que bien utilizar ese dinero para tapar otros agujeros con los que no incrementar el déficit público.

Hace años que los Gobiernos han olvidado los mandatos del Pacto de Toledo y cada uno va según le conviene. Los problemas surgidos por la crisis económica les ha hecho olvidadizos. Habría que recuperar aquel espíritu de consenso, ahora que estamos a punto de votar a un nuevo Gobierno, y que las pensiones no se conviertan en objeto de batalla como ocurría antes del Pacto. Las formaciones políticas saben que detrás de las pensiones hay nada más y nada menos que más de ocho millones de votantes y es muy fácil caer en la tentación de ofrecer el oro y el moro por esos ocho millones de votos.

Después llegarán Angela Merkel y Christine Lagarde con las rebajas. Pero también un sistema público diezmado, con cada vez menos ingresos porque los sueldos cada vez son más bajos y las cotizaciones van cayendo mes a mes.

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