CCOO, UGT y CSI-F formalizarán la denuncia del III Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado (AGE). Con esta iniciativa, los tres sindicatos mayoritarios en el sector pretenden obligar al Gobierno a iniciar una negociación a fin de recuperar los derechos perdidos durante la crisis, según afirmaron en fuentes de CCOO y UGT.

La denuncia del convenio, que los sindicatos formalizarán mañana martes, afecta a 50.000 empleados del sector público. Con este gesto, CCOO y UGT pretenden “obligar” al Gobierno a iniciar una negociación en relación con diversas materias relativas a sus condiciones de trabajo.

En concreto, las dos centrales acusan al Gobierno de llevar a cabo “reiterados” incumplimientos en relación con el convenio aún vigente y de imponer un esquema de negociación que tildan de “deplorable” y que ha impedido el desarrollo del texto denunciado, según destacaron en un comunicado conjunto de UGT y CCOO.

La denuncia tiene que ver con la “sensación” que tienen los trabajadores de que el texto actual “ha agotado su recorrido” y precisa de una revisión y mejora “en profundidad”, agregaron.

Un plazo de un mes

Con la denuncia, CCOO y UGT obligan al Gobierno a reaccionar ya que la normativa exige que se inicie la negociación en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de denuncia.

Las reinvindicaciones sindicales se centran en materias como empleo, salarios y la jornada, así como en la acción social y la formación, entre otros asuntos.

En concreto, las centrales exigen la “recuperación” del volumen de empleo “perdido” desde el inicio de la crisis; el desarrollo de la carrera profesional y del sistema de provisión de puestos en consonancia con los principios de igualdad, mérito y capacidad; y la adaptación de la clasificación profesional al Estatuto Básico del Empleado Público y al marco educativo.

Las principales reivindicaciones acordadas para la negociación de este convenio —empleo, clasificación profesional, retribuciones o carrera profesional— son aplicables a todo el personal de la Administración del Estado, con independencia de que se trate de personal laboral o funcionario, concluyeron.