En pleno desafío secesionista y con la convocatoria de nuevas elecciones planeando como una amenaza si la asamblea de la CUP rechaza el preacuerdo con Junt pel Sí y a Artur Mas como presidente de Cataluña, la quiebra de la sección de crédito de la cooperativa agraria debilita a la Generalitat.

Lo peor es que llueve sobre mojado. En diciembre de 2011 Cataluña sufrió la quiebra de la sección de crédito de la cooperativa de l’Aldea (Tarragona), que terminó provocando un ‘corralito’ que afectó a 3.000 vecinos del pueblo, y no sólo a los 1.790 socios. Y salpicando, aunque fuera indirectamente, a Bankia, ya que la sección de crédito tenía un acuerdo con Caja Madrid.

Cuatro años después, y en el peor momento desde el punto de vista político y del movimiento soberanista catalán, quiebra la sección de crédito de Cambrils, dejando bloqueados 32 millones de euros en depósitos de 1.500 clientes.

Las secciones de crédito, que no tienen personalidad jurídica propia, son departamentos que crean algunas cooperativas como instrumento financiero, y no están reguladas ni supervisadas por el Banco de España, sino por las comunidades autónomas. En Cataluña existían antes de la quiebra de L’Aldea 250 cooperativas, de las que 180 tenían sección de crédito, con un volumen medio de 10 millones de euros.

En Barcelona, Lleida y Tarragona, las secciones de crédito de las cooperativas sumaban 691 millones de euros en depósitos antes de la quiebra de la vinculada a la cooperativa de l’Aldea.

Existe también un problema de exclusión financiera. En estas tres provincias hay 23 localidades sin sucursales de entidades financieras, por el cierre de oficinas y por la crisis de las cajas de ahorros, con lo que todas las cuentas de los vecinos se localizan en las cooperativas y/o en sus secciones de crédito.

Ante la situación creada, la Consejería de Economía de la Generalitat ha hecho público un comunicado en el que asegura que «ha ejercido sus funciones y ha supervisado las cooperativas agrarias y sus secciones de crédito de acuerdo con la legislación vigente». «El Govern quiere recordar que las cooperativas son empresas privadas y, como tales, actúan con independencia”, insisten en la Generalitat. “Hay que remarcar que los usuarios de las secciones de crédito de las cooperativas son sus socios, y que éstos toman las decisiones en relación con la gestión de la cooperativa en las asambleas generales”, añaden en la Consejería. Desde la Generalitat se subraya que continuará «colaborando con el sector».

Pero el asunto de l’Aldea todavía colea. El alcalde de l’Aldea, Daniel Andreu, afirmó en noviembre, cuando la quiebra de la sección de crédito de la cooperativa estaba en los tribunales, que cree «firmemente que la Generalitat de Catalunya podía tener responsabilidades en la fiscalización y en la vigilancia de las actuaciones de la cooperativa». Pero el juez que lleva el caso procedió a la desimputación de los responsables de la Generalitat en las diligencias previas del caso.

Tras el asunto de l’Aldea, los socios de la cooperativa vinícola de Montblanc (Conca de Barberà, en Tarragona) han decidido disolver la entidad (fundada en 1906) y su sección de crédito.

No sólo en Cataluña

Pero l’Aldea y Cambrils no son las únicas cooperativas que sufren problemas con su sección de crédito. Ni es un problema exclusivamente catalán. En la Comunidad Valenciana todavía existen medio centenar de estas instituciones, muchas de ellas con convenios con cajas rurales. Las secciones de crédito también son frecuentes en Extremadura y en Andalucía.

Los 1.800 socios de San Isidro, en Malpartida de Plasencia (Cáceres), y la sección de crédito más antigua de Extremadura (fue fundada en 1928), han optado por integrar ésta en CajAlmendralejo, la rural impulsora del grupo Solventia.