La denuncia, presentada el lunes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en nombre de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), se enmarca dentro del escándalo de las emisiones que ha sacudido a Volkswagen y que también ha afectado a miles de vehículos en España.

En concreto, las autoridades estadounidenses han acusado a Volkswagen de instalar «dispositivos de manipulación ilegales» para modificar el sistema de control de emisiones en casi 600.000 vehículos diésel, que emitirían más gases contaminantes de los permitidos en la ley.

Además, el Departamento de Justicia ha acusado a la compañía alemana de violar la Ley de Aire Limpio mediante la venta, introducción en el comercio o importación de vehículos con esta manipulación de emisiones.

Junto a las multas ya estimadas de 37.500 dólares máximos por cada vehículo afectado, que sumaban alrededor de 18.000 millones de dólares, la Justicia añade una sanción de entre 32.500 y 37.500 dólares por cada día de infracción desde el 13 de enero de 2009.

El asistente del fiscal general para la División de Recursos Naturales y el Departamento de Medio Ambiente, John C. Cruden, ha afirmado que los fabricantes de vehículos que no verifiquen adecuadamente sus coches y desafíen los sistemas de control de emisiones «vulneran la confianza del público, ponen en peligro la salud pública y afectan a sus competidores».

Cruden ha explicado que las discusiones mantenidas con Volkswagen hasta el momento no han llevado a ningún acuerdo «aceptable». «Estados Unidos pondrá en marcha todos los remedios apropiados para resarcir las violaciones a las leyes de aire limpio de nuestro país», ha subrayado.

«Las supuestas manipulaciones permitieron a casi 600.000 motores diésel emitir excesivas emisiones contaminantes por todo el país, dañando nuestra salud y engañando a los consumidores», ha criticado Cruden mediante un comunicado.