La doctrina Botín establece que, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular (en caso de estar este último personado en el juicio) solicitan el sobreseimiento (suspensión, por parte de un juez o de un tribunal, de un procedimiento judicial por falta de pruebas o por otra causa) y aunque la acusación popular inste la apertura de juicio oral, el juez, obligatoriamente, acordará dicho sobreseimiento.

El inicio de las cuestiones previas del juicio contra el caso Nóos ha comenzado este lunes con la petición de la infanta Cristina y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach de la aplicación de la doctrina Botín para poder evitar que la infanta sea juzgada por los dos delitos fiscales que, en calidad de «cooperadora necesaria», le atribuye el sindicato Manos Limpias pero no la Fiscalía ni la Agencia Tributaria, que no ven en la hermana del Rey Felipe VI indicios criminales.

El abogado de la infanta apela a la falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar en solitario a su cliente, mientras que la Fiscalía y la Agencia Tributaria, quienes deberían ser los principales dañados, no presentan cargos contra ella porque no se sienten ni agraviados ni víctimas.

La doctrina Botín tiene su origen en una resolución del Tribunal Supremo de 2007 en la que se avaló la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción de las acusaciones particulares para pedir la apertura de un juicio oral contra Emilio Botín y otros directivos del Banco Santander (en el caso de cesiones de crédito) cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.

La Audiencia argumentó, y posteriormente lo confirmó el Supremo, que la celebración de un juicio instado solo por la acusación popular (en ese caso, la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes) obra en contra de la legalidad procesal.