El Banco Popular ha formalizado, hasta el 31 de diciembre de 2015, 1.012 contratos de alquiler social.Las viviendas que el Popular incluyó en el marco del Fondo Social de Viviendas e han destinado, en régimen de alquiler, a personas que hubieran sido desalojadas por impago de la hipoteca y que se encontraban en circunstancias de especial vulnerabilidad.

Los interesados han solicitado el acceso a dichas viviendas a través de diferentes cauces, como la página web del banco o a través de la red de sucursales.

«Popular continuará atendiendo las necesidades de estas personas en situación de especial vulnerabilidad, tratando de aportar una solución viable a cada circunstancia en particular», subrayan en el banco.

Continuando con la práctica originada desde el inicio de la crisis económica, el Popular ha ofrecido, especialmente a sus clientes con primeras viviendas hipotecadas, diferentes alternativas que les ayudasen a paliar la situación derivada de la incapacidad transitoria del pago de sus obligaciones. En este sentido, «Popular no ha procedido al desalojo forzoso de ninguna familia cuya vivienda habitual se hubiera adjudicado en un procedimiento de ejecución hipotecaria, alcanzando siempre acuerdos puntuales con sus ocupantes».

Al mismo tiempo, el Popular está adherido al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deuda hipotecaria. Éste permite tanto la reestructuración de la deuda hipotecaría a quienes padecen dificultades extraordinarias para atender su pago, como la
flexibilización de la ejecución de la garantía real. Aplica a aquellas personas que se encuentran situadas en el denominado “umbral de exclusión”, según el real decreto 6/2012 de 9 de marzo.