El lunes 25 de enero, en el Juzgado Penal número 25 de Madrid, comienza el juicio a uno de los mayores escándalos que se han visto en la Bolsa española.

En una nueva demostración de la exasperante lentitud de la justicia en España, se juzgan unos hechos de junio de 2008, tras anular la Audiencia Provincial de Madrid a principios de 2013 el archivo de la causa dictado en 2012.

El especulador inmobiliario Trinitario Casanova se sienta finalmente en el banquillo acusado de un delito continuado relativo al mercado y los consumidores, por haber difundido rumores falsos con la intención de aumentar el precio de las acciones de Banco Popular en su propio beneficio.

Los hechos se remontan a unas operaciones de compras y ventas de acciones del Banco Popular el 12 y 13 de junio de 2008, que son investigadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La Fiscalía Anticorrupción llevó estas operaciones a los tribunales en diciembre de 2008.

El escrito de acusación del fiscal asegura que Casanova llevó a cabo «artimañas informativas, administrativas y financieras” para «detener la devaluación» de las acciones de Banco Popular en su propio beneficio. El Ministerio Fiscal reclama para Casanova 4 años de prisión, la misma petición que efectúa el Banco Popular, personado en el caso como acusación particular.

Toda la historia comienza cuando Trinitario Casanova suscribe, a través de una sociedad de la que era administrador único, un acuerdo con el holandés Fortis Bank (ahora absorbido en ABN) para financiar parte de la compra del 3,5% del Banco Popular, valorado en esos momentos en 527,4 millones de euros. Un préstamo de 394 millones de euros, a devolver en 6 años, ayudó al Grupo Inversor Hispania, la sociedad de Casanova, a ser accionista del banco.

Ante la bajada de la cotización del Popular, Fortis reclama a Casanova garantías adicionales que cubran el crédito concedido para no tener que ejecutarlo y quedarse con las acciones del banco.

Una compleja trama

Tras depositar 100 millones de euros como garantía adicional a las acciones del Popular en el préstamo, unos meses más tarde, según el escrito de acusación del fiscal, Trinitario Casanova diseña una compleja y estrambótica trama, en la que implica a un periódico económico, “Negocio’ (ya desaparecido), a un bufete de abogados en Gibraltar, Hassans, que crea una sociedad en Londres, Blueprime, y a otro bufete jurídico internacional, Salans.

El periódico (cuyos propietarios ya habían hecho algunos negocios con Casanova) anuncia que Blueprime compra el 3,5% del Popular en manos del especulador inmobiliario, a un precio de 14,2 euros por acción, lo que suponía el 51% más del precio de mercado (9,37 euros). Ese “compromiso irrevocable de venta” del Grupo Inversor Hispania a Blueprime, que luego se comunicó como hecho relevante a la CNMV, se materializaría si la sociedad que representaba a unos supuestos inversores mexicanos lograba al menos un 20% del Popular.

Fabian Picardo, socio de Hassans y representante legal de Blueprime, aseguraba entonces que “seguimos negociando con otros accionistas mayoritarios y minoritarios que están a punto de firmar”.

El Popular llegó a subir en Bolsa más de un 9%. Pero las investigaciones concluyeron que Blueprime era una sociedad ‘fantasma’ creada por el bufete de abogados de Gibraltar para dar apariencia de realidad a la artimaña, y que no había tales inversores mexicanos. Ni tampoco accionistas del Popular se sumaron a la operación, que ha llevado a Casanova a los tribunales.

Una polémica trayectoria

El escándalo hizo trizas la incursión de Casanova en el sector financiero y engordó su ya polémica trayectoria en el inmobiliario. Sobre todo, cuando trató de construir 3.000 viviendas y varios campos de golf en La Zenidera de Águilas (Murcia), en un terreno no urbanizable por la protección ambiental que tenía.

El Grupo Hispania, fundado por Trinitario Casanova Abadía (nacido en Orihuela el 24 de marzo de 1965, casado con Fina Mari y con dos hijos, Trinitario y Fuensanta), fue vendido unos meses más tarde del caso Popular a su entonces amigo José Ramón Carabantes. En la operación entra el 3,5% del Popular.

Lo que parecía un negocio redondo para Carabantes, ya que se comprometió a pagar 100 millones por unos activos valorados en 767 millones (y con un valor contable de 423 millones), termina con la amistad entre ambos. Carabantes reclama a Casanova 135,5 millones, y un arbitraje termina con que tiene que pagarle a su antiguo amigo 47,5 millones.

Pese a estos escándalos, Casanova ha seguido a lo suyo, especulando con el ladrillo. En abril, compró las instalaciones de Alstom en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), junto a Sabadell: 22 edificios, con naves para la fabricación de trenes, por los que ha desembolsado 60 millones, a cambio de que la empresa siga como inquilino 10 años.

Su último ‘pelotazo’: la compra de la sucursal de Bankia en Gran Vía, 44 (Madrid) más el piso superior por menos de 30 millones de pesetas, que ha vendido un mes después al fondo Hines por 39,5 millones.