La banca necesitará dos o tres semanas para estudiar el plan de viabilidad de Abengoa, que fue aprobado el pasado lunes por el consejo de administración de la empresa andaluza, para poder así pronunciarse sobre su contenido. Pese a que la compañía ha enviado un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el documento ratificado, el comité bancario formado por Santander, CaixaBank, Bankia, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole quiere tener todos los datos del mapa de la deuda antes de reiniciar las negociaciones.

Y es que no se trata únicamente de los casi 9.000 millones de euros de deuda corporativa, sino también de los compromisos inherentes los proyect finance, que están ligados a las inversiones en las el grupo que está presente. La idea básica es que algunos proyectos no podrán salir adelante por no ser rentables en las actuales circunstancias del grupo, mientras que otros precisarían más aportaciones. El programa detallados de desinversiones es otro punto clave para abordar la reestructuración de la deuda.

Pero ahora, si bien el tiempo que queda para alcanzar un acuerdo -dos meses escasos- para evitar la entrada de Abengoa en concurso de acreedores empieza a ser preocupante, la prioridad es otra. Y se trata de la inyección de 160 millones  de euros de liquidez (en una primera etapa serían unos 60 millones y 100 millones después) para que la compañía pueda hacer frente a sus compromisos más perentorios: el pago de las nóminas y de parte de de la deuda que tiene contraída con los proveedores, de la que habría vencido del orden de 500 millones.

Esta aportación,.que sería realizada por los tenedores de deuda cotizada, es decir, por los bonistas, se enfrenta a la cuestión de las garantías. Los fondos propietarios de los bonos representados por el banco de inversión Houlihan Lokey, y que tienen en sus manos emisiones por valor de 1.500 millones de euros, quieren que su dinero sea respaldado por acciones de la filial estadounidense Atlántica Yiedl (antes Abengoa Yield), pero el problema es que están pignoradas, en manos de la banca el 23% de las acciones. Y los fondos no está muy convencidos de aceptar a cambio las plantas de bionergía, que, por otro lado, están e la venta.

Bonistas y banca disiente además en el tema de los tipos de interés que se exige a la empresa, que suma el 25% en el caso de los primeros, frente al 5% de las entidades financieras. En estas negociaciones se tendería a que los dos grupos de acreedores tuviesen una tratamiento similar.