La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, ha citado en calidad de investigados -figura que sustituye a la anterior de imputado- el próximo 24 de febrero al expresidente de Caja de Madrid Miguel Blesa y del exdirector financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, en relación con la causa por sobresueldos irregulares que según el FROB causaron un agujero de 14,8 millones.

La citación ha sido entregada en mano este martes a las defensas de ambos exdirectivos, que tendrán que volver a los juzgados en relación con un nuevo procedimiento relacionado con irregularidades en Caja Madrid. El asunto fue denunciado por Anticorrupción en enero de 2015 y desde entonces no se ha avanzado en ningún sentido debido a que el Juzgado en el que recayó ha sufrido varios cambios de titular.

Las citaciones que se realizaron hace algunas semanas no dieron resultados, por lo que la juez ha optado por emplazar directamente a los investigados y hoy han acudido sus abogados a recoger en mano el escrito con la fecha de las declaraciones.

Anticorrupción considera que este asunto debe investigarse de forma autónoma a la causa que el juez Fernando Andreu lleva en la Audiencia Nacional sobre el «caso Bankia». Defiende que las posibles irregularidades apuntadas por el FROB no tienen nada que ver con las que ya analiza el Juzgado Central de Instrucción número 4 y además se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010, bajo la presidencia de Miguel Blesa.

En concreto, el FROB subrayaba en su informe que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial «significativamente mayor» que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26%. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento.

En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indica que ha supuesto una posible percepción «indebida» para esas personas de algo más de 2 millones en conjunto y subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.

Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por «exceso de percepciones» de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010.

Los informes también han detectado prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección.

Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.

Finalmente, el fondo de reestructuración detectó posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.

A la querella del la Fiscalía se suma la que presentó un mes después, el 13 de febrero, Manos Limpias contra Blesa y otros diez directivos por los delitos de apropiación indebida continuada, según el artículo 252 del Código Penal, y en su defecto delito de administración desleal del patrimonio continuado contra los miembros del Comité de Dirección.

Su personación en la causa aún está pendiente de aprobarse, pues el sindicato ha recurrido la fianza que se le impuso para poder ejercer la acusación popular en este asunto.

Manos Limpias acusa a Blesa y los exdirectivos Matías Amat, Juan Astorqui, Carmen Contreras, Ramón Ferraz, Carlos María Martínez, Ricardo Morado, Mariano Pérez, Ildefonso Sánchez Barcoj, Rafael Spottorno y Enrique de la Torre por los cobros presuntamente irregulares.