El Gobierno acude al alto tribunal con el informe favorable del Consejo de Estado y de la Abogacía y solicita además que se suspenda la existencia de ese departamento, porque de seguir funcinando «podría generar consecuencias contrarias al ordenamiento jurídico», ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Durante la reunión del Consejo de Ministros de la pasada semana, el día 29, ya se acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional la comisión de estudios del Parlamento catalán.

Mariano Rajoy ha enfatizado que el Estado y la Constitución «no están en funciones» y se van a «defender de los ataques». «Si hay visos de que puedan contradecir lo que dice la Constitución, actuaremos como hasta ahora. El Gobierno está en funciones pero el Estado no está en funciones, la Constitución no está en funciones y la ley no está en funciones, sino que están todos perfectamente en vigor y se van a defender de los ataques», ha proclamado.