La Comisión de Defensa del Congreso dio este martes un paso decisivo para completar el ciclo reformista de la última década sobre el modelo de Fuerzas Armadas. Por 34 votos y 4 abstenciones de los nacionalistas vascos, catalanes, ERC-IU-ICV y Rosa Díez, aprobó el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los militares que abre las puertas al asociacionismo profesional de los 140.000 miembros de las Fuerzas Armadas para defender sus derechos sociales, económicos y laborales.

La regulación de los derechos y deberes de los militares era un asunto pendiente desde la profesionalización plena de los ejércitos, de la que se han cumplido diez años. Las nuevas leyes de la Defensa Nacional, de tropa y marinería y de la carrera militar, impulsadas bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, reconocían la necesidad de regular los derechos y deberes de los militares profesionales. Tras un intenso proceso de estudio y negociación por parte del PSOE y el PP sobre el proyecto elaborado hace nueve meses por la ministra Carme Chacón, y en el que se han recogido aportaciones de los demás grupos, incluidas las aportadas por Gaspar Llamazares y Rosa Díez, el proyecto ha salido adelante sin ningún voto en contra.

El portavoz socialista Jesús Cuadrado destacó que, a pesar de las limitaciones constitucionales a la participación política y sindical, se ha logrado una fórmula útil para que los militares se puedan asociar en defensa de sus condiciones sociales, laborales y económicas y estén representados en un Consejo de Personal. Los miembros de dicho Consejo no serán elegidos en votación directa, sino que saldrán de las asociaciones de las distintas escalas. Pero un Observatorio compuesto por cinco diputados y cuatro senadores podrá realizar las recomendaciones necesarias para que la representación sea efectiva. “Yo creo que el modelo está bien armado y será útil”.

La portavoz popular, Beatriz Rodríguez Salmones, destacó el hallazgo de “la neutralidad política y sindical” para sortear las limitaciones constitucionales, dijo que las restricciones a la libertad de expresión sólo están relacionadas con el ejercicio como militares y reclamó que los hijos de los militares, que están sujetos a una gran movilidad, tengan el derecho a recibir enseñanza en la “lengua común”. Pero el PSOE no consideró necesario ese precepto y lo rechazó. En cambio aceptó otro para que la intimidad y otros derechos individuales de los militares sean preservados cuando no estén de servicio. También admitió otro de Rosa Díez para que los retirados por lesiones y atentados puedan utilizar viviendas militares.

Tanto el PP como IU y el BNG mantuvieron sus enmiendas para que el Gobierno cree un periodo transitorio más amplio y suprima el sistema actual de integración de cuerpos y escalas. El Gobierno vetó otras enmiendas al proceso de integración de cuerpos y escalas porque suponían aumento de gasto. Pero salvo esa discrepancia, las 47 de las 50 propuestas planteadas por el PP fueron asumidas por los socialistas. Los portavoces del PNV, CiU y ERC-IU-ICV, criticaron a los grupos parlamentarios por regular los derechos “a la defensiva” y los deberes “a la expansiva”, según dijo Joseba Beloki. Y, en palabras de Carles Campuzano, por “las reservas mentales” a la participación política de los militares cuando 13 Estados europeos ya les reconocen ese derecho.