Un tercio de los fondos destinados a cursos para desempleados ha volado. Pero este tijeretazo, operado entre 2011 y 2014, no afecta a todos por igual. Aquellos que acumulan dos años en el desempleo, los parados de muy larga duración, – en torno a 2,25 millones de personas – , son los más perjudicados. Tanto es así que la oferta de empleo sigue congelada para ellos, a pesar de que la economía crece al 3%, según desvela un estudio de Fedea, la fundación de economía aplicada.

Los promotores del contrato único, Fedea, advierten del “fuerte deterioro” de las perspectivas de empleo de los parados de larga duración. Hasta el punto de que estamos, aseguran, ante una recuperación a dos velocidades. Las oportunidades de encontrar un empleo de los grupos más vulnerables siguen en los niveles más bajos desde el comienzo de la crisis, creando un considerable riesgo de exclusión social y económica, según concluyen en sendos estudios, presentados hoy lunes – ‘El legado de la crisis: las secuelas de la Gran Recesión‘ y ‘El aprendizaje permanente en España, retos para el futuro‘ – elaborados bajo el patrocinio de JP Morgan, el banco de inversión, en torno al mercado de trabajo español.

Colectivos más vulnerables

El estudio advierte que los colectivos más vulnerables, como los trabajadores de bajo nivel educativo, los trabajadores provenientes del sector de la construcción y los trabajadores mayores de 50, son mayoría en el colectivo de desempleados de muy larga duración (más de dos años en el paro).

El informe defiende que la reinserción laboral de estos colectivos requiere asistencia intensiva y personalizada por parte de las instituciones. Sin embargo, al menos en el capítulo presupuestario, las cosas no parecen circular por ahí. Aunque afirman que en los últimos años se han introducido “mejoras” en el diseño de las políticas activas de empleo, entre las cuales citan el último plan de ayudas para parados de larga duración –el llamado Plan Prepara, la ayuda de 400 euros destinada a parados con cargas, hacen falta más reformas, aseguran.

Fuerte reducción de fondos

Los economistas de Fedea defienden que un elemento clave es la modernización de los servicios públicos de empleo y el fortalecimiento de su colaboración con las agencias de colocación privadas y organizaciones del tercer sector.

Para los autores, una de las principales prioridades es lograr un aumento de la participación en cursos de formación por parte de los trabajadores menos cualificados, a través del diseño de programas flexibles de segunda oportunidad que permitan compaginar la formación con el trabajo.

Sin embargo, los datos revelan una caída en la tasa de participación de los parados en la formación y la educación no reglada durante la crisis. El segundo informe vincula esta caída a la fuerte reducción de los fondos públicos asignados a los programas de formación de parados.

El estudio revela que tanto la reducción de la tasa de participación no reglada de los desempleados, como la de las horas de trabajo en este tipo de formación “seguramente” vienen explicadas en parte por los recortes que se han realizado en el gasto en políticas activas y, en especial, en la formación para el empleo.

El informe esgrime datos de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, en los cuales, entre los años 2011 y 2014, la partida destinada a la formación se redujo en unos mil millones de euros, es decir, en un 34,5%. Se disminuyó también en un 32,4% la aportación pública a la formación de ocupados, en un 31,3% la de parados y un 57% la destinada a las escuelas taller. Las aportaciones del Estado cayeron un 87% y se verificó también una caída de las cuotas de formación (un 10,2%), lo cual está relacionado con la destrucción de empleo neto y la disminución de los salarios medios.

No obstante, constatan, en los Presupuestos Generales del Estado del año 2016, se vuelven a incrementar las partidas destinadas a las formación para el empleo en cerca de un 6%. Este incremento se concentra especialmente en la formación para desempleados en cerca de un 12%.

Finalmente, el informe aconseja que, en futuras reformas, se debe mejorar la transparencia del sistema de formación para el empleo y aumentar la proporción de los fondos que se transfieren directamente a los participantes en lugar de a los proveedores. “De esta manera los participantes podrán elegir entre las diferentes opciones de formación”, defienden.