La presentación oficial del plan industrial de Abengoa, a través de la publicación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las partes más relevantes, ha servido también para lanzar un mensaje público a los acreedores: si la banca y los bonistas no aceptan las líneas rojas marcadas por la dirección de la tecnológica se enfrentarían a pérdidas más elevadas si entra en liquidación que si se alcanzase un acuerdo. La deuda corporativa del grupo es de 9.000 millones, más 5.000 millones a proveedores.

El grupo, que sigue controlando la familia Benjumea, destaca en su informes, que han sido elaborados por por la firma especializada Álvarez & Marsal y por Lazard, que la compañía sólo valdría 800 millones si entra en un proceso de liquidación, frente a los 5.400 millones en caso que las puntos básicos de su plan se pongan en marcha.

La compañía defiende su viabilidad a través de cambios en la gestión y en el perímetro, con aspectos como la menor apuesta por los negocios intensivos en capital, entre ellos los biocombustibles, pero también a través de la reducción de otros costes (laborales y financieros), de forma que podrían generar caja a partir de 2017. En definitiva, como se ha ido percibiendo en las reuniones de los representantes de estas firmas con los expertos del comité bancario, que se producen a diario, el grupo se centrará en áreas de ingeniería y construcción.

Peros eso sí, hace falta además la aportación de liquidez a corto y medio plazo, así como una reestructuración de la deuda que ya no se apoya en las quitas. Y aunque persisten las divergencias, en aspectos como la capitalización de la deuda, y el reparto futuro del accionariado (temas que están muy relacionados) se intenta evitar a entrada en concurso de acreedores, pero la fecha límite es el 28 de marzo, y quedan demasiados asuntos por resolver, entre ellos la aportación de liquidez para evitar la asfixia.

En este contexto los representantes de la empresa y de los acreedores analizan en estos días si la empresa es capaz de asumir la deuda (unos 3.000 millones, con 6.000 millones que se capitalizarían).