Las negociaciones entre Abengoa y los acreedores, pese a que se desarrollan prácticamente todos los días desde hace semanas, han entrado en nueva fase, con el plan industrial acompañado de las medidas financieras sobre la mesa, y con el tiempo, por más de un mes, apremiando para evitar la entrada en concurso de acreedores. Y si bien el objetivo es alcanzar una solución global, que pueda plasmarse en un convenio de acreedores, todavía es preciso analizar punto por punto las medidas propuestas por los asesores del grupo tecnológico, la sociedad Álvarez & Marsal. 

El plan de la empresa respecto a las medidas financieras se centra en la conversión de 6.000 millones de euros -de los 9.000 millones totales de la actual deuda corporativa-  en capital, mientras que los 3.000 millones restantes se convertirían en el endeudamiento con el que partirá la nueva compañía.

Sobre el primer punto, la capitalización de los 6.000 millones existen diferencias sustanciales entre ambas partes, y respecto a la cuestión de la deuda con la que se quedaría la nueva compañía se plantean, asimismo, interrogantes. Y estos de refieren a qué cifra podrán asumir, con la previsión de generación de fondos y otras medidas planteadas de cara al futuro, es decir, si podrán hacer frente a los compromisos financieros derivado.

El grupo prevé generar unos 700 millones de flujo de caja en los próximos cinco años y plantea un ajuste de la base de costes por unos 200 millones a 2018. Y estima un impacto positivo procedente de la desinversión de activos no estratégicos de 473 millones en dos años. El grupo ha expresado su intención de salir de los proyectos que requieren más capital, por lo que cifra el recorte de necesidades financieras en 2.095 millones,.

Mientras el comité bancario formado por Santander, CaixaBank, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole ya hanpedido modificaciones en los periodos de amortizaciones de los 3.000 millones de euros, en el sentido para que comiencen a partir del tercer año. No obstante,  las dudas persisten.  Queda además el acuerdo con la deuda de 5.000 millones que se debe a los proveedores, a los que se ha presentado un plan de pagos.