El exsocio de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, ha negado el origen fraudulento de los fondos que transfirió a varias cuentas de Luxemburgo y que presuntamente procedían de las actividades ilegales que urdió junto al exduque de Palma para apoderarse de más de seis millones de euros de las Administraciones públicas.

En un duro interrogatorio, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach le ha exhibido numerosos documentos relativos a las transferencias efectuadas desde empresas ubicadas en el extranjero que habrían servido para ocultar el origen de dinero irregular, tras lo cual Torres se ha desvinculado de estas mercantiles justificando que «la única persona que a lo largo de mi vida se ha encargado de las cuestiones financieras y ha elegido bancos ha sido Miguel Tejeiro. Yo firmé los papeles que me pusieron delante».

«¿Entonces Tejeiro se lo coló?», le ha inquirido Horrach, respecto a lo cual ha subrayado que tenía «plena confianza» en su cuñado, para quien al inicio del juicio del caso Nóos le fueron retiradas las acusaciones que pesaban sobre él y, por tanto, será interrogado más adelante como testigo. «Dudo que haya algo de esto que no sea correcto. Empezaría a elucubrar sobre cosas que no conozco», ha espetado.

Al ser preguntado sobre la transferencia de 335.261 euros -supuestamente de origen ilícito- que ordenó, el 23 de noviembre de 2009, desde una cuenta que había abierto anteriormente en Andorra a otra de Luxemburgo, ha justificado que se trataba de ahorros de «los años 90 que decidí traspasar a un lugar financieramente más seguro, de la UE y que no fuese un paraíso fiscal».

El juicio que se celebra en Palma por el caso Nóos se ha reanudado este martes con el interrogatorio de Torres, que se prevé largo y con toda seguridad se prolongará durante varios días.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción reclama para el acusado 16 años y medio de cárcel -petición que Manos Limpias eleva a 22 y medio- por poner en marcha, junto al exduque, una estructura «hueca de contenido real» y «una maraña de facturación ficticia» para apoderarse de los más de seis millones de euros que obtuvieron de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Para ello, según el fiscal Pedro Horrach, utilizaron el Instituto Nóos como epicentro de la trama, al que manejaron «a su antojo» junto a otras mercantiles de su propiedad para que «operasen al servicio de sus intereses comerciales».