Dos años de cárcel para el expresidente de CCM por falsear las cuentas

23/02/2016

diarioabierto.es. La sentencia de la Audiencia Nacional condena a Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), y el exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad.

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general Ildefonso Ortega, durante el juicio

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general Ildefonso Ortega, durante el juicio

La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad, a la pena de dos años de cárcel y a otra de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de su condena.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juez Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia impone a cada uno el pago de una multa de 29.970 euros y les obliga a satisfacer la mitad y a partes iguales las costas causadas, incluidas a las de la acusación particular y popular, ejercidas por la asociación Adicae y la propia caja de ahorros.

El magistrado absuelve a ambos directivos del delito societario de administración fraudulenta que les atribuían ambas acusaciones. Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

Según Anticorrupción, el 10 de febrero de 2009, con la «aquiescencia» de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su «situación financiera real».

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