Miremos los papeles: los 60 folios del acuerdo de gobierno firmado el miércoles por el secretario general del PSOE y candidato a la investidura como jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, consta de 200 medidas orientadas a la regeneración de la política y las instituciones, desprestigiadas por años de polución, manipulación y golferías varias. Solo por eso debería ser bien recibido.

Contiene además un nuevo modelo de relaciones laborales (capital-trabajo) y de contratación fija y estable discontinua más equilibrado que los acometidos por Zapatero y Rajoy, abaratando el despido, facilitando el hundimiento de los sueldos y propiciando el despido fácil y barato. Trata además de facilitar la vida de los autónomos con unas cotizaciones sociales ajustadas a los ingresos reales y no al dictado voraz del gobierno de turno. También por esto debería ser bien acogido.

Concreta reformas muy importantes de reducción del gasto público, como la sustitución de las diputaciones provinciales por reuniones de alcaldes para fijar los servicios compartidos en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Esto significa un gran sacrificio para las oligarquías de los viejos partidos, todavía enquistadas en esos entes caciquiles y con unos salarios de escándalo. Solo por esto y porque reduce el Senado a cien miembros tendría que ser asumido.

Manifiesta la voluntad inequívoca de acabar con el aforamiento de los políticos y cargos públicos cuando cometen delitos comunes, como, por ejemplo, la apropiación para sí y sus amigantes (amigos mangantes, según la acepción del filósofo Emilio Lledo) de los bienes y recursos de todos, tan común por estos pagos. Esa corrupción que nos avergüenza como país constituye una seña de identidad de la llamada “marca España” con la que hay que acabar. Sólo con que no roben ya nos daríamos con un canto en los dientes.

Compromete, el acuerdo, una reforma fiscal más progresiva que la existente para que paguen más y no puedan ser indultados los que más tienen. Destina unos 7.000 millones de euros este año a la cobertura de las necesidades urgentes y la fijación de un ingreso mínimo a quienes carecen de empleo e ingresos. La situación de indigencia lacerante, total, afecta a más de 700.000 familias en España, lo cual, además de ser una inmoralidad, es una vergüenza insoportable.

El acuerdo coloca la Educación y la Investigación Científica y Técnica en el lugar prioritario que le corresponde como motor del progreso económico y social y garantía de futuro de nuestro país. Solo por eso y por el conjunto de medidas que anuncia merece una buena acogida. La ciencia es la única verdad y sin ella y las aplicaciones de los grandes hallazgos en todos los campos no habrá economía viable ni futuro mejor, sino peor.

El compromiso de no exprimir más con impuesto a los asalariados y de tender al equilibrio fiscal de acuerdo con los planes comprometidos en la UE, rebajando al 3% el déficit público en 2017, como ocurre en otros grandes países europeos, dice más de la responsabilidad y sensatez de los firmantes que la demagogia de plató televisivo, ayer a la griega y hoy a la desesperada. Solo por eso merecería, el acuerdo, una acogida positiva.

Sin embargo, el presidente del PP y todavía jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha anticipado a descalificarlo. “No sirve para nada”, ha dicho a la televisora que acudió a La Moncloa a entrevistarlo en el salón de eventos y recepciones. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, también lo ha descalificado sin leerlo siquiera. Hay gente así. Gente a la que no se le cansa la cabeza.

Y en el otro lado de la tenaza se registraron el miércoles en el Congreso reacciones muy parecidas. Si Rajoy no pudo ocultar el ataque de cuernos hacia Rivera, el portavoz de Podemos, Iñigo Errejón, calificó el documento de “muy regresivo” y dijo que “hará las delicias del Ibex 35 y de las clases privilegiadas”, al tiempo que manifestó que se sienten “decepcionados y defraudados”.

Unos y otros pretenden hacer creer a los españoles que la inmovilidad o situación de reposo de Rajoy y los movimientos repentinos de cine cómico son más útiles y están más cargados de razón que ese ejercicio “malintencionado” de hacer lo posible y lo necesario para mejorar, no empeorar, la situación de los gobernados, la limpieza y probidad de las instituciones, la mejora de la justicia, de la convivencia y la profundización de la democracia. Si se atreven a votar en contra, podrán hacerlo y contrastar en las urnas cuánta razón les asiste. De momento, a la espera de la sesión de investidura, que comienza el martes, día 1 de marzo, y registrará la segunda y definitiva votación el viernes, 4, PSOE y C’s suman 130 escaños, siete más que el PP y sus socios, y unos y otros siguen trabajando para que los conservadores y los podemistas se abstengan y faciliten la formación de gobierno.