El Consejo Económico y Social (CES) ha lanzado hoy una advertencia relativa al Consejo Nacional de la Competitividad, el futuro organismo impulsado por Bruselas en su esfuerzo por dotar a la Unión Europea (UE) de una nueva gobernanza económica. En opinión del principal órgano consultivo, donde están representados sindicatos y patronos, estos órganos, llamados a vigilar la evolución de precios y salarios, pueden invadir competencias hasta ahora en manos de los agentes sociales.

El CES lanza sus advertencias como parte de su nuevo análisis sobre la gobernanza económica de la Unión Europea (UE), el tercero de los últimos años, y que ha recibido la aprobación en el Pleno, con 40 votos a favor y una abstención.

El informe analiza en primer lugar la situación económica actual, marcada por una tasa de paro que supera en dos puntos y medio a la que había al inicio de la crisis en la UE. Tras constatar que la recuperación se apoya en la política monetaria y en la relajación de los objetivos de déficit, junto a la caída de los precios del petróleo y la depreciación del euro, el CES identifica algunos riesgos que pueden condicionar el repunte económico, como son el frenazo de las economías emergentes, la desaceleración del comercio mundial, y muy especialmente del de materias primas, así como la elevación de los tipos de interés en Estados Unidos, junto a los problemas europeos para evitar la deflación.

Según el CES, el margen de maniobra de los bancos centrales es “muy limitado”. Por ello, en lugar de insistir en medidas de política monetaria, reclaman en su lugar avanzar en un plan de inversión pública y relajar al mismo tiempo los plazos dados a los Estados para reconducir sus cuentas públicas.

En este sentido, el CES cree que el Plan Jucker “llega tarde y resulta insuficiente”, y en particular, el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, vehículo elegido para desarrollar el plan de inversiones anunciado por el presidente de la Comisión. “No parece que puede proporcionar un impulso fiscal en territorios donde la crisis es más profunda”, arremeten.

Critican además la falta de visión de largo plazo de este plan, cuya vigencia es de tan solo tres años.

«Preocupados» por los Consejos

Tras analizar las últimas medidas de gobernanza bancaria, y de felicitarse por los avances en algunos asuntos, como la lucha contra el fraude fiscal transfronterizo, critican en cambio la falta de avances en materia de armonización tributaria, y se centran a continuación en otras medidas desarrolladas en el ámbito de la Unión en cuestiones de orden estrictamente laboral.

En concreto, los miembros del CES expresan una “gran preocupación” por los términos en que están definidas las funciones de los futuros Consejos Nacionales de la Competitividad. Estos órganos, que tendrán el mandato de evaluar si los salarios están evolucionando paralelamente a la productividad, e influir en los procesos de fijación de salarios – según advierten –, ostentarán por tanto una función que “choca” con el modelo de determinación salarial del marco institucional español, añaden.

Además, el análisis advierte de que las nuevas normas de gobernanza europea han producido el efecto de reducir el papel de las organizaciones sindicales y patronales en los procesos de toma de decisiones, y citan en apoyo de esta tesis las palabras de la propia Comisión Europea en su comunicación ‘Medidas destinadas a realizar la Unión Económica y Monetaria’.

Asimismo, detectan diversas debilidades de gobernanza en el seno de la Unión, como las que tienen que ver con la crisis de refugiados, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y anteriormente la crisis del euro. Y reclaman una mayor coordinación y convergencia en el ámbito de la política económica y social, que profundice en el mercado único y preserve el modelo social europeo.

Vigilancia de la competitividad

El desarrollo de los Consejos Nacionales de la Competitividad es una medida prevista en el ‘Informe de los Cinco Presidente’, presentado en julio de 2015, y que se centra en la revisión del Semestre Europeo, y en general del mecanismo de gobernanza de la Unión Europea (UE), que incluye además la creación de un consejo fiscal europeo consultivo, entre otras medidas.

Según la comunicación de 23 de octubre del Consejo Europeo, los Consejos Nacionales de la Competitividad deberán seguir la evolución de la competitividad en cada Estado miembro, teniendo en cuenta los factores que puedan afectar a corto plazo a los precios y a la calidad de los bienes y servicios, especialmente en relación con sus competidores mundiales, incluyendo los costes laborales, explicita.

También velarán por los factores a largo plazo, tales como la productividad y la capacidad de innovación – dos aspectos ambos en los que España flaquea, según diversos expertos– , y que son relevantes, no solo para el rendimiento relativo de la economía, aclara el Consejo, sino también para su potencial de crecimiento y su capacidad de atraer inversiones, empresas y capital humano, añade.

Deberán además “contribuir a los procesos de fijación de salarios a nivel nacional proporcionado información pertinente”, agregan; seguir las políticas relacionadas con la competitividad en el Estado miembro y en particular contribuir a su evaluación posterior, destacan, entre otras funciones.

Los Estados miembros serán los encargados de designar un consejo de la competitividad, que podrá apoyarse en organismos ya existentes, si bien deberá mostrar una independencia estructural respecto al Gobierno, a fin de poder llevar a cabo sus funciones, entre las cuales también está la publicación de un informe anual, aclara el Consejo.

Ahora bien, continúa el Consejo, las características de los consejos de la competitividad deberán respetar el artículo 152 del Tratado de la Unión, y en particular “tener en cuenta” las prácticas e instituciones nacionales en el ámbito de la formación de salarios, advierte. Por tanto, su funcionamiento “no deberá afectar al derecho de los trabajadores o de las empresas de negociar y celebrar convenios colectivos al nivel apropiado”, concluye.