En el informe anual de la institución encabezada por Soledad Becerril correspondiente a 2015, se hace constar un incremento del número de quejas recibidas de los ciudadanos respecto a los problemas que ocasionan estos ‘okupas’ y se precisa que, en general, estos los inmuebles son de titularidad pública o de entidades bancarias.

El Defensor del Pueblo precisa que entre los problemas que se encuentran los vecinos de los ‘okupas’ están la conflictividad originada por éstos, los problemas de insalubridad por la acumulación de basura, el deterioro de elementos comunes por actos de vandalismo, molestias por ruido o perjuicio económicos, pues en los inmuebles que disponen de contadores generales para los suministros de agua y electricidad, los vecinos que residen legalmente tienen que hacer frente a los pagos totales para que las compañías no corten el servicio.

Ante esta situación, la institución considera que la solución pasa por que el propietario de los inmuebles inste el procedimiento de recuperación posesoria para proceder al desalojo de los ocupantes ilegales.

En este punto, tras quejarse que la banca desoye los llamamientos de los vecinos para que eche a los ‘okupas’ de sus edificios, Becerril sugiere a los ayuntamientos que valoren la posibilidad de instar a la propiedad a que inicie este procedimiento de recuperación posesoria.